Aymaras desmontarán antenas si empresa Orocom no instala internet ni paga a sus proveedores en Puno
En total, 471 localidades debieron acceder a internet; sin embargo, la empresa colombiana no cumplió el contrato y se retiró de la región sin saldar sus deudas.
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Presidentes de diversas comunidades aymaras lanzaron un ultimátum a la empresa colombiana Orocom S.A.C. para que cumpla con la instalación del servicio de internet en las zonas rurales de la región Puno y pague a sus proveedores, entre ellos las propias comunidades campesinas donde se levantaron las antenas de telecomunicaciones.
Los dirigentes denunciaron que, pese a haber cedido terrenos para la instalación de la infraestructura, no han recibido ningún pago. Además, aseguraron que el servicio prometido nunca llegó a operar en sus localidades.
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Comunidades advierten medidas radicales
“Estos señores nos deben. Hemos cedido nuestros terrenos y hasta ahora no nos pagan. Han construido una antena y simplemente se fueron. Si hasta marzo no cumplen con pagarnos y tampoco cancelan a todos sus proveedores, les advertimos que las antenas serán desmontadas. Nadie quiere dar la cara y nos están obligando a tomar medidas más radicales”, advirtió León Flores, dirigente del distrito de Ácora.
Las comunidades consideran que la falta de respuesta por parte de la empresa constituye un abuso y una burla a los compromisos asumidos tanto con los pobladores como con el Estado.
El proyecto contemplaba la instalación de internet en 471 localidades rurales, así como la conexión de 635 instituciones educativas, 285 establecimientos de salud y 38 dependencias policiales en la región Puno. No obstante, según los dirigentes comunales, ninguna de las localidades beneficiarias cuenta actualmente con el servicio prometido.
Deudas millonarias y cuestionamientos al Estado
El Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) adjudicó a Orocom S.A.C. el proyecto denominado “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social”. Sin embargo, la empresa abandonó la región sin cumplir el contrato ni pagar a sus proveedores. Solo los empresarios puneños afectados registran una deuda que supera los dos millones de dólares.
“Estos señores son abusivos. No entendemos cómo el Estado peruano puede contratar a una empresa de este tipo. Nos están provocando. Que no se sorprendan si una noche las torres son retiradas como señal de protesta”, señaló Manuel Vilca, representante de la comunidad de Tunco, también en el distrito de Ácora.
Las comunidades exigen una respuesta inmediata de Orocom y una intervención firme del Estado para garantizar el cumplimiento del proyecto y evitar que la población rural continúe siendo perjudicada.
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