Inacción del gobierno deja sin clases presenciales a más de 5 millones de escolares durante paros de transportistas
En 2025, Perú ha experimentado cinco paros de transportistas y se programó una sexta jornada de protesta para el 24 y 25 de julio, exigiendo seguridad ante el aumento de delitos.
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En lo que va del 2025, el Perú ha vivido cinco paros de transportistas, a los que se sumará una sexta jornada de protesta programada para los días 24 y 25 de julio, según han anunciado distintos gremios. Estas manifestaciones tienen como principal reclamo la inacción del gobierno de Dina Boluarte frente al incremento de la delincuencia y las extorsiones, que han dejado un trágico saldo de choferes, cobradores y comerciantes asesinados en distintas regiones del país.
Aunque el motivo de las protestas es legítimo y responde a una grave crisis de seguridad ciudadana, el impacto de estas paralizaciones va más allá del sector transporte. En cada una de estas jornadas, el Ministerio de Educación (Minedu) ha optado por trasladar las clases escolares a la modalidad remota, una medida que si bien busca preservar la seguridad de los estudiantes, termina afectando especialmente a quienes asisten a colegios públicos, donde esta disposición es de cumplimiento obligatorio.
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Seis millones de escolares perjudicados debido a la inefectividad del gobierno
Según cifras del propio Minedu, más de seis millones de estudiantes iniciaron el año escolar 2025 en instituciones educativas estatales. Todos ellos han debido adaptarse a esta modalidad remota durante los días de paro, muchas veces con escaso aviso y sin las condiciones necesarias para sostener una enseñanza de calidad.
Mientras que en los colegios privados la educación remota suele ser una recomendación, en los públicos se impone como norma. Esta disparidad genera un escenario donde miles de estudiantes pierden valiosas horas de clase debido a la falta de acceso a tecnologías básicas como internet, dispositivos móviles, computadoras o materiales de aprendizaje.
La educación remota no es suficiente
La experiencia de la pandemia de la COVID-19 en 2021 dejó en evidencia las graves limitaciones de la educación a distancia en el Perú. Durante ese año, más de 124 mil estudiantes interrumpieron sus estudios debido a las barreras tecnológicas y la escasa conectividad en sus hogares. Aunque el Estado distribuyó tablets a una parte de la población escolar, el impacto real fue mínimo.
Años después, el problema persiste. No todas las familias cuentan con recursos suficientes para que los estudiantes puedan acceder a clases desde sus hogares, participar en videollamadas o desarrollar actividades en línea. En su reemplazo, el Estado ha promovido el uso de “fichas de autoaprendizaje”, sin embargo, este método ha sido ampliamente criticado por su baja efectividad y falta de acompañamiento pedagógico.
El exministro de Educación, Daniel Alfaro, fue contundente al señalar en una entrevista con La República que ni las escuelas públicas ni las privadas están preparadas para ofrecer un entorno remoto de aprendizaje que iguale a la educación presencial.
“Se necesita tener condiciones tecnológicas mínimas, como el acceso a internet en casa. Esa es una de las grandes brechas que persisten”, indicó.
Pero no se trata solo de tecnología. Alfaro también apuntó a la falta de preparación de los docentes para enseñar en entornos digitales, ya que la mayoría ha sido formada bajo una lógica presencial. Adaptarse a plataformas virtuales de enseñanza, sin el tiempo ni los recursos adecuados, convierte la tarea educativa en una misión casi imposible.
“Cuando tú mandas a lo remoto de la noche a la mañana, los profesores no tienen tiempo de reconstruir su clase. Eso afecta la calidad del aprendizaje”, enfatizó.
Aprendizaje autónomo: una medida que tampoco resulta factible
Otro elemento que complica la educación remota es la exigencia de autonomía en el aprendizaje. En otras palabras, se espera que los estudiantes repasen, practiquen y aprendan por su cuenta. Sin embargo, en hogares donde no hay adultos disponibles para acompañar el estudio o donde se carece de los materiales necesarios, esta modalidad termina por excluir a los más vulnerables.
Alfaro advirtió que las decisiones del gobierno no toman en cuenta los contextos diferenciados de cada región y sugirió que el Minedu debería analizar mejor la data antes de aplicar medidas generalizadas. Esto permitiría reducir el impacto negativo en los sectores más afectados y evitaría la pérdida masiva de días de clase.
“El Estado no puede seguir actuando de forma genérica. Hay zonas donde los efectos de los paros no se sienten, pero igual se suspenden las clases. Es necesario actuar con más inteligencia y planificación”.
Educación remota: ¿solución temporal o parche mal diseñado?
Desde la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), se defendió el uso de la educación remota como una medida excepcional frente a contextos de inseguridad. Según el titular de la DRELM, los docentes están capacitados para utilizar recursos como fichas, libros y materiales complementarios para mantener cierta continuidad académica.
“Cada colegio es una realidad distinta. Los maestros conocen a sus chicos, y en función de los recursos disponibles, organizan el trabajo académico”, aseguró.
No obstante, esta afirmación contrasta con informes de la Contraloría General de la República, que en 2022 ya alertaban sobre la escasez de materiales de aprendizaje en los colegios públicos, incluso después del retorno a la presencialidad. Además, la formación docente en herramientas digitales sigue siendo muy limitada, lo que hace difícil sostener una enseñanza efectiva durante estos cambios abruptos.
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¿Realmente se prioriza la presencialidad?
Pese a que las autoridades aseguran que la educación presencial sigue siendo una prioridad, la rapidez con la que se ordenan los cambios a la virtualidad genera dudas. Para muchos docentes y padres de familia, estas medidas representan más una respuesta improvisada que una política educativa estructurada.
El funcionario de la DRELM afirmó que buscan “garantizar que los estudiantes, dependiendo de los recursos que tengan en casa, reciban un tratamiento diferenciado”, y resaltó que cada institución tiene autonomía para decidir si sigue con la modalidad remota o permanece en presencialidad. Sin embargo, en la práctica, la presión institucional obliga a la mayoría a suspender las clases presenciales, especialmente en zonas urbanas de alto riesgo.
“Muchas veces, la educación a distancia puede ser incluso más potente que la presencial, si está bien organizada”, afirmó.
El fondo del problema: inseguridad y falta de liderazgo
La raíz de estas constantes suspensiones está en la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. Las extorsiones, asesinatos y amenazas a transportistas se han convertido en parte del día a día. Como reconoció el propio exministro Alfaro:
“Hasta los colegios están siendo extorsionados. Este es el resultado de no manejar con responsabilidad el tema de seguridad en el país”.
La falta de una estrategia clara para frenar la criminalidad ha llevado a los gremios del transporte a protestar, lo que a su vez ha derivado en interrupciones al sistema educativo. Y como siempre, los más perjudicados son los escolares más pobres, aquellos que no tienen otra opción que estudiar con lo poco que el Estado les da.
¿Cuántos paros de transportistas ha habido en lo que va del año?
En lo que va del año 2025 se han reportado cinco protestas por transportistas. La primera el 8 de febrero, la segunda el 7 de abril, la tercera el 10 de abril, la cuarta el 14 de mayo y la quinta el pasado 18 de junio. Además, se viene otra el 24 y 25 de julio, según diversos gremios de transportistas.
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