Amazonas: Ante abandono del Estado, Wampís anuncian desalojo de mineros ilegales

El objetivo es la expulsión de los operadores ilegales en río Santiago para salvaguardar los derechos humanos, los cuerpos de agua, la biodiversidad y evitar escenarios de violencia y asesinatos como los que ya ocurren en Pataz, Ucayali, Madre de Dios y Puno.

La minería ilegal avanza de manera incontrolable sobre el río Santiago, en Amazonas.
La minería ilegal avanza de manera incontrolable sobre el río Santiago, en Amazonas.

Desde hace más de una década la minería ilegal en la Amazonia peruana ha incrementado. Además de las problemáticas ambientales que trae el mercurio utilizado en estas actividades, las evidencias han establecido que desde el 2014 ha aumentado en las márgenes del río Santiago, en la provincia de Condorcanqui, al norte de la región Amazonas.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) asegura que la minería ilegal viene afectando a cerca de 70 mil nativos de las etnias Awajun y Wampis que habitan en la reserva Santiago Comaina.

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“La minería ilegal cada vez está aumentando y eso es un peligro porque no hay nadie que esté monitoreando esta actividad”, sostienen los comuneros. Las dragas y máquinas advierten la destrucción de los bosques que genera la actividad.

Los mineros ilegales se encuentran ampliando sus fronteras hacia distintas quebradas del río Santiago. Según refieren los comuneros, los mineros extraen entre 40 y 100 gramos de oro por día y utilizan mercurio para procesar el mineral. El oro es llevado posteriormente en la ruta hacia Bagua y finalmente vendido en Ecuador y otra parte es trasladado a la ciudad de Chiclayo o Lima.

Debido a esta problemática, el GTANW reafirmó e inicio la ejecución de una acción de autodefensa territorial para la erradicación total de la minería ilegal en la cuenca del río Santiago (Kanus).

El objetivo es la expulsión de los operadores ilegales para salvaguardar los derechos humanos, los cuerpos de agua, la biodiversidad y evitar escenarios de violencia y asesinatos como los que ya ocurren en otras partes del Perú como Pataz, Ucayali, Madre de Dios, Puno a causa de la minería ilegal.

“La medida es una respuesta autónoma ante la sistemática e histórica incapacidad del Estado peruano para proteger la Amazonía, y se activa después de que las más altas autoridades del país confirmaran, que no brindarán el apoyo necesario para un desalojo seguro y efectivo”, advirtieron en un pronunciamiento.

Asimismo, consideran que, pese a las reiteradas advertencias y al evidente fracaso de las pocas e ineficientes interdicciones estatales en río Santiago -que, por el contrario, han permitido que la minería ilegal se fortalezca con más de 30 dragas operando impunemente-, el Estado ha mantenido una alarmante pasividad y selectividad para enfrentar con efectividad la invasión minera.

Esta negligencia, asegura el gobierno wampis, se contradice con los compromisos climáticos y de biodiversidad que el Perú ha asumido internacionalmente, y se agrava con decisiones del Congreso de la República y el Ministerio de Energía y Minas, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo que, como se ha demostrado, es usado por la continuidad sistemática de mafias para encubrir sus actividades ilícitas.

“Hemos agotado la confianza”, declaró Galois Flores Pizango, vicepresidente del GTANW. 

El dirigente indicó que “el 1 de julio comunicamos formalmente a todo el aparato estatal nuestra decisión de actuar, exigiéndoles que nos acompañen y cumplan con su deber. Su respuesta ha sido negativa, ineficaz y evasiva. Al negarse a actuar, el Estado peruano nos deja solos, pero no nos detiene. Como habitantes milenarios del territorio, haremos el trabajo que ellos se niegan a hacer para proteger la vida”.

El GTANW demandó a los ministerios del Interior y Defensa, a la PNP y a la Marina de Guerra, que cumplan con su deber de coadyuvar y salvaguardar la vida durante esta acción legítima.

“Emplazamos a la FEMA y al Ministerio Público a estar presentes para garantizar el desalojo pacífico y ejercer su función fiscalizadora contra el crimen organizado. Su ausencia será la prueba final de su abandono”, indicaron los dirigentes.

Finalmente la Nación Wampís invocó firmemente al gobierno actual para la salvaguarda de vidas humanas y para que garantice la protección ante cualquier emergencia que pudiera presentarse, y convoca a los medios de comunicación y a la sociedad civil a vigilar este justo proceso de defensa de la Amazonía.

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