Un año de promesas incumplidas y estrategias fallidas contra la inseguridad desde el último mensaje a la Nación de Boluarte
En el último año, casi el 30 % de los peruanos fue víctima de algún delito, según el INEI. Ante esta alarmante cifra, el exministro del Interior, Gerónimo Pedraza, analiza la débil respuesta del Gobierno.
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A pocos días de celebrarse Fiestas Patrias, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a la población. Pese a las promesas ofrecidas hace un año por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje por Fiestas Patrias, los índices de criminalidad no solo no han disminuido, sino que han aumentado de manera alarmante.
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El discurso presidencial del 28 de julio de 2024 incluyó diversos planes para promover el desarrollo económico, el turismo y la seguridad ciudadana. "En este año 2024, de manera extraordinaria, egresarán un total de 5,992 nuevos policías, 5,741 en julio y otros 251 en diciembre. Para el año 2025 continuará esta medida de egreso extraordinario de mayor número de nuevos policías de las escuelas de formación técnica superior", mencionó Boluarte en aquel entonces.
Sin embargo, esta última medida ha sido una de las más cuestionadas debido a los resultados negativos observados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los delitos aumentaron hasta en un 17 % durante el último año.
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Robos y extorsiones en aumento
Un informe del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL), entregado a La República, detalla que entre enero y junio de 2025 se han registrado 15,311 denuncias por robo y 798 por extorsión solo en Lima Metropolitana. Estas cifras, que superan ampliamente las reportadas en años anteriores, representan una creciente preocupación para los ciudadanos, sobre todo en sectores vulnerables.
La situación se torna aún más crítica si se considera que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias. En numerosos casos, los delincuentes no solo amenazan, sino que también cumplen con ello al realizar actos violentos, lo que disuade a los afectados de recurrir a las autoridades.
Comerciantes y transportistas, los más afectados
Los principales blancos de esta ola delictiva han sido los comerciantes y los transportistas, quienes han protagonizado diversas marchas exigiendo medidas concretas al Ejecutivo. La mayoría de los delitos registrados afectan directamente al patrimonio, y los distritos de San Martín de Porres y Villa El Salvador encabezan la lista de zonas más golpeadas por el crimen, según el informe.
La falta de presencia policial en zonas periféricas de Lima agrava el problema. Muchos vecinos denuncian la ausencia de patrullaje, lo que deja el camino libre para bandas organizadas que actúan con impunidad.
El exministro del Interior, Gerónimo Pedraza Sierra, expresó su preocupación ante el incremento sostenido de los delitos. En declaraciones ofrecidas recientemente, aseguró que el Gobierno "está haciendo muy poco para combatir la extorsión y el sicariato". Según él, la migración de organizaciones criminales especializadas en estos delitos, que comenzó hace aproximadamente cuatro años, no ha sido enfrentada con políticas eficaces.
“El accionar policial ha sido mínimo. En distritos como San Juan de Lurigancho, la presencia de efectivos es reducida. No se han asignado recursos importantes a la inteligencia policial ni se han adquirido equipos tecnológicos ni vehículos adecuados. Tampoco hay inversión significativa en la construcción de nuevas cárceles, a pesar de que fue una de las promesas de campaña”, detalló el exministro.
Ausencia de voluntad política
A pesar del evidente incremento de la delincuencia, las autoridades no han logrado implementar una solución efectiva, y las promesas de la presidenta Dina Boluarte permanecen como simples declaraciones sin resultados concretos.
En esa misma línea, Pedraza también criticó la falta de voluntad política para enfrentar el fenómeno criminal de manera frontal. A su juicio, las acciones que se han tomado son insuficientes y carecen de continuidad. “Las promesas del Gobierno son más simbólicas que reales. No hay una estrategia integral que permita frenar el avance del crimen organizado. Por el contrario, la situación se agrava”, señaló.
Agregó que la única manera de revertir esta crisis pasa por fortalecer las unidades de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) e incrementar el número de efectivos en formación. “Es urgente implementar nuevos métodos de inteligencia y reforzar a las fuerzas del orden con presupuesto, tecnología y logística. Las medidas adoptadas hasta ahora son demasiado limitadas para un fenómeno tan grave”, sentenció.
Inseguridad ciudadana y su impacto en la economía
Además del impacto en la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, la criminalidad está comenzando a tener repercusiones económicas. Comercios pequeños y medianos reportan pérdidas, cierres forzados y reducción de inversiones por miedo a extorsiones o asaltos. Pedraza concluyó que la inacción del Ejecutivo ante este panorama “termina afectando directamente la economía del país”.
Mientras tanto, la ciudadanía espera con escepticismo el nuevo mensaje presidencial de Dina Boluarte este 28 de julio. La expectativa ya no se centra únicamente en los anuncios, sino en si finalmente se tomarán decisiones concretas para hacer frente a una crisis de seguridad que amenaza con desbordarse.
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