A un año del caso Condorcanqui: destituyen a maestros, pero los abusos sexuales a menores no se detienen
La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, denuncia que muchas niñas aún viven con sus agresores. La lentitud de los procesos judiciales aumenta la frustración en las comunidades afectadas.
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A un año de que madres awajún denunciaran violaciones sexuales a niñas estudiantes en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, región Amazonas, los abusos continúan y las medidas del Estado no han sido suficientes. Los hechos, según las denunciantes, se vienen produciendo desde 2010. Aunque el Ministerio de Educación (Minedu) separó a algunos docentes implicados, la violencia sexual persiste en comunidades indígenas, afectando gravemente a las menores.
Según cifras del propio Minedu, existen 524 casos de hostigamiento sexual registrados, pero solo 112 han culminado en destituciones. Esto evidencia una débil respuesta institucional, lo que ha generado frustración y alarma en las comunidades. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, advirtió que muchas niñas siguen viviendo junto a sus agresores. “No hay protección para las niñas ni salvaguardas. La violencia no ha parado”, declaró.
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Docentes reincidentes y protegidos por autoridades locales
Pioc denunció además la impunidad en casos como el de un docente reincidente que había estado en prisión por violencia, violó a su cuñada, fue alcalde y volvió a ser contratado como profesor. Incluso una menor se quitó la vida por su culpa. “El Estado no actúa. Hay docentes con antecedentes graves que siguen trabajando”, reclamó.
La situación sanitaria también ha empeorado: se reporta un preocupante aumento de VIH entre niñas abusadas. “Esto el Estado no quiere reconocerlo. Estamos cansadas de denunciar. La lentitud de los procesos huele a impunidad”, sostuvo Pioc, quien además explicó que el accionar de la Fiscalía Especializada en la zona es lento y no alcanza a cubrir todas las comunidades.
Frente a estos hechos, el Ministerio de Educación informó que ha adoptado medidas administrativas para bloquear a docentes denunciados. José Moreno, director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), señaló que, a nivel nacional, se ha separado a 780 trabajadores (docentes y administrativos) involucrados en delitos graves como violación y terrorismo, y se ha bloqueado a 1,917 personas con procesos abiertos para impedir su recontratación.
En el caso específico de Condorcanqui, Moreno afirmó que se bloquearon a 469 personas con denuncias por violencia sexual y que 60 docentes fueron destituidos por faltas muy graves. “No volverán a ser contratados en ninguna parte del país”, aseguró. Sin embargo, esta versión contrasta con lo que ocurre en el territorio. Organizaciones como Promsex reportaron 10 nuevos casos de abuso sexual solo entre enero y marzo de 2025.
Además, varias denuncias han sido archivadas por falta de testimonios o retiro de cargos, y muchos agresores siguen impunes. A esto se le suma, que los procesos serían lentos.
Nuevas instituciones, pero sin respuesta inmediata
En abril de este año, el Ministerio Público inauguró una Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar en Condorcanqui. También se han realizado mesas de trabajo entre el Poder Judicial y las comunidades awajún y wampis, pero los resultados aún son limitados frente a la magnitud del problema.
“La comunidad ya no confía en las autoridades. Queremos respuestas reales. Si visitas otras comunidades, encontrarás más casos. Hay varios colegios afectados”, señaló Pioc, quien subrayó que el Estado no ha mostrado un compromiso efectivo con la protección de las niñas indígenas.
La impunidad mantiene viva la violencia
Mientras tanto, las menores continúan siendo las principales víctimas de una violencia sistemática que no ha sido erradicada. Las medidas adoptadas, aunque necesarias, resultan insuficientes en un contexto donde la impunidad persiste y los agresores, en muchos casos, siguen presentes en las comunidades. La urgencia de una intervención real, articulada y con enfoque intercultural, se vuelve indispensable para frenar esta crisis que, pese al paso del tiempo, sigue latente y sin justicia.
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