Secuestros, torturas y extorsiones, los nuevos métodos del terror en Perú
Ya son 3 secuestros típicos en el 2025, dos de los cuales terminaron con las víctimas asesinadas. En el 2023 hubo 22 casos y en el 2027 se registraron 27 plagios. Se trata de un delito que va en aumento
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“Les interesa torturarlos para que sus gritos por videollamada sirvan de presión por un botín más alto”. La frase es de un oficial de la Dirección de Investigación Criminal, integrante de un grupo especial que se encuentra detrás de los últimos secuestros y extorsiones que alimentan bandas delincuenciales que le están cambiando el rostro al país.
En estos momentos todo parece indicar que la red criminal de ‘El Moustruo’ tendría cautiva desde la noche del jueves a Lilian Marilú Vega Carrasco (35), una comerciante mayorista plagiada en San Martín de Porres.
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Van tres secuestros típicos en el 2025
Con ella, por quien solicitan S/ 2 millones por su rescate, ya son tres las víctimas de secuestro típico ejecutados en el presente año.
No obstante, los dos anteriores terminaron en asesinatos, según confirmó la policía. En estos últimos casos las víctimas eran menores de edad.
Lilian Vega Carrasco, empresaria secuestrada. Foto: LR
En el 2023 hubo 22 secuestros extorsivos y en el 2024 se registraron 27 secuestros típicos. En enero del año pasado también se denunciaron 362 extorsiones y este año, en el mismo periodo, se reportaron 369 casos, en la Dirincri.
En efecto, el 6 de enero del presente año, en el distrito de Constitución, provincia de Oxapampa, en la región Pasco, una adolescente de 17 años fue reportada como desaparecida. Su familia pagó S/30 mil por el rescate, sin embargo, la menor fue hallada muerta el 26 de enero en la comunidad nativa Las Palmas.
La familia de la menor era extorsionada por la banda ‘Los Carachamas’ quienes enviaban vídeos de su hija maniatada y apuntada con un arma de fuego, exigiendo S/500 mil por su liberación.
El 15 de enero último otro caso estremecedor conmocionó a la población de Marcona, en Nasca (Ica), donde otro adolescente de 17 años fue secuestrado y asesinado tras no cumplirse las demandas económicas de sus captores.
Ese día D. A. E. H. fue interceptado por supuestos extranjeros cuando caminaba por una calle. Según relataron sus familiares, por la madrugada se comunicaron con Alfredo Espinoza, padre del joven, exigiendo 2 mil soles para liberarlo.
A la madre y hermana del adolescente les demandaron 4 mil soles a cada una. Sin embargo, ante la imposibilidad de reunir el dinero, los delincuentes decidieron asesinar al menor.
Ahora, desde las 9:39 de la noche del jueves, la angustia y la incertidumbre se a apoderado de la familia de la empresaria Lilian Marilú Vega Carrasco (35) quien fue secuestrada cuando caminaba rumbo a su vivienda en el jirón Verona, en San Martín de Porres.
La creciente ola de inseguridad en Perú no solo afecta a ciudadanos comunes, sino que pone en riesgo a empresarios y comerciantes que manejan altos volúmenes de transacciones.
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A medida que aumentan las denuncias de extorsión y se advierte sobre intentos de involucrar a empresas en redes de lavado de dinero, los expertos en seguridad subrayan la importancia de que los ejecutivos adopten medidas de protección y prevención.
Para reducir esta exposición, el excoronel Jorge Mejía aconseja a los empresarios “bajar los perfiles” y evitar conductas que puedan atraer la atención de los delincuentes. Esto implica, de acuerdo con el experto, no ostentar el éxito financiero de la empresa y asegurar que cada acción dentro de la compañía cumpla con protocolos bien definidos y aprobados por las autoridades competentes.
Explica que la discreción es fundamental. “Nosotros proyectamos una imagen de lo que somos, y el delincuente se acerca a uno a través de terceras personas, ya sea un amigo o un empleado que conoce nuestras necesidades”, asegura.
Por ello, destaca la importancia de no hacer pública la situación financiera de la empresa ni dar detalles sobre los proyectos que se manejan internamente. Él considera que es necesario evitar los contactos innecesarios y reforzar las políticas internas para este tipo de protocolos.
