Poder Judicial ordena a la MML detener demolición de viviendas en San Juan de Miraflores por obras en la Vía Expresa Sur
El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima suspendió temporalmente las demoliciones en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, en San Juan de Miraflores.
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El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió una medida cautelar contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), disponiendo la suspensión temporal de las demoliciones en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II, en el distrito de San Juan de Miraflores.
La controversia gira en torno a la legalidad de las acciones de la Municipalidad, ya que los residentes del asentamiento humano afectados han señalado que sus viviendas fueron construidas según planos aprobados por la propia MML y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), lo que refuerza su posición en la lucha por la defensa de sus hogares.
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Los residentes del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II interpusieron la solicitud de medida cautelar el 20 de noviembre de 2024 contra EMAPE, Cofopri y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Alegaron que serían propietarios legítimos de sus terrenos desde 1987, año en que habrían adquirido las propiedades mediante contratos de transferencia de posesión, lo que respaldaría sus derechos sobre dichas tierras.
Adultos mayores, niños y mascotas han resultado afectados por los desalojos para la Vía Expresa Sur. Foto: composición de Gerson Cardoso/Kevinn García/La República/MML
Las personas señalaron que sus viviendas fueron construidas conforme a los planos de trazado y lotización aprobados por la MML y Cofopri. Sin embargo, denunciaron que el contrato de concesión firmado durante la gestión de Susana Villarán modificó esta condición en favor del "Proyecto Vía Expresa Sur". Además, recalcaron que sus terrenos cuentan con una zonificación de uso residencial de densidad media (RDM), lo que contradice la posición de la MML, que los considera parte de la vía pública. Este aspecto resulta clave en la disputa, ya que la zonificación determina la legalidad de las demoliciones planteadas.
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Ante ello, el juzgado resolvió conceder la medida cautelar y ordenó la suspensión provisional de las “medidas provisionales” de “demolición total o parcial” dictadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra las viviendas ocupadas por los demandantes, hasta que concluya el procedimiento administrativo sancionador iniciado para la “recuperación de posesión de áreas de uso público”. Esta decisión se basa en la Ordenanza N° 2200, modificada por la Ordenanza N° 2666, publicada el 26 de octubre de 2024.
Además, se prohibió a la municipalidad usar la demolición como medida provisional en viviendas habitadas, siguiendo lo indicado en el artículo 16 de la misma ordenanza. La municipalidad tiene un plazo de tres días para informar al juzgado sobre el cumplimiento de esta decisión, bajo riesgo de que se informe al Ministerio Público sobre su conducta.
