Sismo de magnitud 3,7 se sintió en Lima hoy
Sociedad

Migraciones exigirá contrato de trabajo y de alquiler a ciudadanos venezolanos para permanecer en Perú

La presidenta Dina Boluarte anunció un nuevo "reajuste" en las regulaciones migratorias en Perú que afectará a ciudadanos venezolanos.

El Gobierno ha implementado nuevos requisitos para la situación de migrantes en el Perú. Foto: Andina/MININTER
El Gobierno ha implementado nuevos requisitos para la situación de migrantes en el Perú. Foto: Andina/MININTER

Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte informó que implementará un “reajuste” en las regulaciones migratorias que afectará a los ciudadanos venezolanos que residen en el país. A partir de ahora, los extranjeros deberán presentar un contrato de trabajo y un contrato de alquiler para poder permanecer legalmente en territorio peruano. Esta medida será gestionada por el Ministerio del Interior a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Aunque Boluarte no proporcionó detalles sobre si esta decisión se basa en estudios que vinculen a los migrantes con el aumento de la inseguridad, es importante señalar que, según cifras de la Dirincri, las denuncias contra extranjeros por delitos comunes representaban apenas el 1% del total hasta el año pasado. Durante la presentación del balance de su gestión, la presidenta responsabilizó a gobiernos anteriores por permitir el ingreso de delincuentes y por el incremento de la criminalidad en el país.

Dina Boluarte exige presentar contrato de trabajo a Venezolanos Foto: Composición LR.

Dina Boluarte exige presentar contrato de trabajo a Venezolanos Foto: Composición LR.

Boluarte destacó que, gracias a las facultades otorgadas por el Congreso, se han promulgado 37 normas legales dirigidas a combatir el crimen. También mencionó que hasta el 14 de noviembre de 2023, se había dado un “chance” a los extranjeros para registrarse, lo que resultó en la salida de más de diez mil migrantes del país. "No es que no estemos haciendo nada, y ahora vamos a hacer un reajuste de Migraciones. Le vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler", expresó.

Gobierno pedirá contrato de trabajo y de alquiler a extranjeros

Nancy Arellano, representante de la ONG Veneactiva, expresó su preocupación por cómo se implementarán estas medidas, señalando que existen desafíos en la formalización del empleo y el alquiler en Perú. “Nos preocupa que esta medida pueda ser discriminatoria”, afirmó, destacando que en muchas áreas populares los contratos de arrendamiento se celebran de manera informal y que la formalidad debería aplicarse a todos.

Asimismo subrayó la importancia de promover políticas que favorezcan la inclusión y el reconocimiento de los migrantes en la sociedad peruana. La comunidad espera ver cómo se concretarán estas propuestas y cuál será su impacto en la vida de los ciudadanos venezolanos en Perú.

Hospedaje deberán exigir documentos de viaje o identidad a extranjeros

El Poder Ejecutivo de Perú ha emitido el Decreto Supremo N°011-2024-IN, que exige a los establecimientos de hospedaje y arrendadores solicitar documentos de identidad o viaje a los extranjeros que deseen hospedarse o alquilar inmuebles en el país. En caso de incumplimiento, se impondrán multas de hasta dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir S/10.300 por no solicitar o registrar adecuadamente la información.

Los establecimientos deberán verificar la situación migratoria de los extranjeros y comunicar esta información a Migraciones. Para facilitar este proceso, se ha creado una plataforma en línea gratuita que permitirá un registro eficiente de los datos requeridos. Los arrendadores contarán con un plazo de 30 días hábiles para capacitarse en su uso.

Además, el decreto establece que los extranjeros en situación migratoria irregular podrán ser expulsados en un máximo de 24 horas mediante un procedimiento administrativo especial. Hasta la fecha, Migraciones ha ordenado la expulsión de cerca de 2.000 extranjeros de diversas nacionalidades.