Comunidad awajún denuncia penalmente a Petroperú por derrame de petróleo en Amazonas
El Poder Judicial ordenó a Petroperú ejecutar acciones de emergencia en los pueblos indígenas afectados por el derrame de petróleo en Chiriaco y dar atención médica gratuita. Sin embargo, pese haber pasado 8 años, la petrolera nacional no ha cumplido.
Ante la inacción de entidades estatales, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún colocó la denuncia penal ante la fiscalía ambiental de Bagua. Foto: composición LR/Gobierno del Perú
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) se acercaron a la Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos Ambientales de Bagua, en Amazonas, para presentar una denuncia penal contra Petroperú, por el delito de contaminación del ambiente en forma agravada, por el derrame de petróleo en enero de 2016, en el centro poblado de Chiriaco, en el distrito de Imaza.
En el documento enviado a la fiscalía ambiental, los representantes de GTAA manifestaron las graves afectaciones a la salud provocadas por el derrame en Chiriaco, cuando se produjo una fuga de crudo de petróleo del Oleoducto Norperuano de Petroperú, de unos 3.000 barriles, aproximadamente, y que fue producto de un deterioro de una tubería, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Luego del siniestro, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Amazonas declaró en emergencia sanitaria el abastecimiento de agua para consumo humano en el distrito de Imaza.
Por su parte, un mes más tarde, la Red de Salud Bagua identificó a 45 comunidades nativas con riesgo a su salud y a 243 personas expuestas al petróleo sin protección, las cuales, más de un tercio son menores de edad.
GTAA indicó que en el recojo del petróleo derramado al río Chiriaco participó la población local y, en especial, niños, que sin ningún tipo de protección especial, se encontraron ante un elevado riesgo de exposición a muchos tipos de hidrocarburos altamente cancerígenos.
PJ ordenó a Petroperú velar por salud de comunidades awajún perjudicadas pero no ha cumplido
El Poder Judicial emitió el 2022 una sentencia que ordena a Petroperú que ejecute acciones de emergencia en las comunidades nativas de Wachapea, Pakún, Umakay y Nazareth, que fueron afectadas por el derrame de petróleo.
Además, se estableció que debía brindar atención médica gratuita a todos los integrantes de dichas comunidades, para establecer el número de afectados y los tipos de tratamientos que cada poblador recibiría. Sin embargo, la petrolera nacional no ha cumplido hasta ahora.
“Hasta el momento, las comunidades awajún de Chiriaco no han recibido ninguna indemnización por los daños ambientales. Hay comunidades que hasta ahora no tienen agua potable y que consumen agua del río Chiriaco”, lamentó Matut Impi Ismiño, lideresa awajún y vicepresidenta del GTAA.
“Hemos hecho muchas denuncias por los niños afectados para que sean atendidos de manera especializada. Se ha ganado una sentencia para que la Diresa de Amazonas atienda a los niños, pero hasta ahora no lo está haciendo”, agregó.
Matut Impi y Gil Inoach, vicepresidenta y presidente del GTAA, respectivamente. Foto: IDL
El pueblo awajún también denuncia que la multa que puso OEFA a Petroperú con S/49 millones por el derrame en Chiriaco, no ha servido para resarcir los daños en las comunidades. “¿Qué ha hecho el Estado? Ha recibido indemnizaciones a costa de estas personas afectadas. No ha hecho nada”, resaltó Impi Ismiño.
“Desde un inicio, lo que quería la gente era que atiendan su salud, los efectos negativos que las comunidades habían experimentado por el contacto con el crudo”, sostuvo el abogado penalista Segundo Herrera.
“El 2022 se declaró fundada la demanda de amparo para que se designe el grupo de médicos que puedan identificar los casos, pero hasta la fecha no se ejecuta. Al no haber esta respuesta, se hace esta denuncia, porque la afectación a su salud es grave”, agregó.
Pese a la inacción de Petroperú y de otras autoridades por hacer cumplir lo que ya ordenó el Poder Judicial, el GTAA espera encontrar justicia en un caso emblemático contra la impunidad de funcionarios públicos en delitos medioambientales.
