Ola de extorsiones en 2023 generó el cierre de 2.600 bodegas a nivel nacional: SJL lidera la lista
El presidente de la Asociación de Bodegueros afirma que muchas de las denuncias por amenazas presentadas ante la PNP han sido rechazadas al no estar tipificadas como delitos.
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En 2023, más de 2.600 tiendas de abarrotes pertenecientes a la Asociación de Bodegueros del Perú, que cuenta con 22.000 miembros, se vieron obligadas a cerrar debido a una intensificación de actos delincuenciales, especialmente extorsiones y cobros ilegales. Andrés Choy, líder de la asociación, destacó que San Juan de Lurigancho se ha convertido en el foco de este flagelo, registrando el mayor número de establecimientos afectados por estos crímenes, lo que subraya la gravedad de la situación que enfrentan los pequeños empresarios en el país.
"Hasta el año pasado, hemos identificado un promedio de 2.600 bodegas que cerraron", señaló en entrevista con Canal N. "A nivel nacional, existen 535.000 bodegas, pero no todas son socias nuestras y no todas reportan", remarcó.
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Asimismo, indicó que "la zona más complicada es Lima Norte", debido a la gran cantidad de denuncias provenientes de estos distritos. "Este problema no solo afecta a los negocios, sino también a los familiares de los bodegueros, quienes han sufrido violencia y amenazas, incluyendo demandas de pagos exorbitantes para no atentar contra sus vidas", remarcó.
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Asociación de Bodegueros pide que amenazas sean consideradas como delito
Ante esta situación, Andrés Choy indicó que los bodegueros se han acercado a denunciar los hechos extorsivos. Sin embargo, las comisarías rechazan su solicitud. "En muchos casos nosotros hemos ido a hacer una denuncia en la comisaría y les presentamos la amenaza, pero (nos dicen que) la amenaza no es tipificada como un delito", denunció.
"Hay muchos casos que no están siendo considerados porque es una nueva modalidad delictiva y no está contemplada en la ley", acotó. Por ello, el presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú hace un llamado a las autoridades, en especial al Poder Judicial, y exige reformas legales para que los mensajes extorsivos sean considerados como delito, sin la necesidad de que se produzca algún atentado.
"No solo es un tema de la policía, sino también tiene que ver el Poder Judicial, la Fiscalía y los congresistas, porque tienen que ver las modificaciones legales", precisó al reprochar que el Poder Judicial termina liberando a los delincuentes. "Los montos por procesos delictivos son pequeños y te dicen: 'Solo es una falta', pero este tema escala. Ya hemos visto socios nuestros fallecidos, heridos o extorsionados", comentó.
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Asimismo, dice que ya tiene identificada la forma de actuar de los delincuentes. "Lo que hacen es hacer una lista de todos los bodegueros y a todos les mandan mensajes por WhatsApp para ver quién cae. Cuando tú respondes o te identifican, te mandan amenazas directamente", explicó el presidente de la Asociación de Bodegueros.
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