Sutep y CPP: “Proyecto del Ejecutivo intentaría amordazar a los maestros”
Reacciones. Iniciativa prohíbe el ingreso de maestros cuya ideología o actos demuestren ser contrarios al orden constitucional. Dirigentes magisteriales piden precisiones.
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El Consejo de Ministros aprobó modificar la ley magisterial para cesar a los maestros que difundan ideologías contrarias a la Constitución.
El premier Alberto Otárola explicó que se incorporará un requisito para postular a la Carrera Pública Magisterial, el cual prohíbe el ingreso de maestros que sean parte de alguna agrupación cuya ideología sea contraria al orden constitucional y el respeto a los derechos humanos, pudiendo incluso ser destituidos y alejados de la institución educativa.
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Al respecto, Helí Ocaña, decano del Colegio de Profesores, y Lucio Castro, secretario general del Sutep, señalan que ya existe la ley sobre la lucha contra el terrorismo.
“La norma que existe habla estrictamente del terrorismo, aquellas organizaciones que atenten contra el Estado de derecho, que desarrollen ideologías que promuevan la destrucción del Estado, y en el Sutep hemos desarrollado múltiples afirmaciones de rechazo absoluto a aquellas ideas que aprobaban el terrorismo, el violentismo en el país”, señala el dirigente magisterial.
“Como presunción, lo que se quiere es amordazar a la gente, evitar que desarrollen opiniones, cuestionamientos a la Constitución o las leyes que se emiten, eso es inconstitucional. Porque la misma Constitución establece el derecho de opinión como un derecho fundamental de la persona”, agrega Castro.
En tanto, Ocaña señala que incluso la ley de carrera pública magisterial ya dice que no pueden ser nombrados los que están vinculados con movimientos políticos, los que tienen sanciones por terrorismo, sentencias judiciales, etc.
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Este diario buscó la versión del Ministerio de Educación, pero no obtuvo respuesta.
Ocaña pidió al Gobierno aclarar cuáles son las instituciones vetadas a las que los educadores no deben pertenecer. “El Minedu debe publicar el nombre de las organizaciones; si no es así, tendremos una norma que atenta contra los derechos personales y colectivos, los docentes nos convertiremos en sujetos sin derechos democráticos ni vida política”.
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