Piura: Fiscalía de Huancabamba archiva investigación contra 15 opositores al proyecto Río Blanco
Sin embargo, la entidad decidió continuar la investigación preparatoria contra otras 11 personas por supuesto delito de lesiones graves.
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La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancabamba, región Piura, archivó, en parte, la investigación preliminar por supuesto delito de tortura, lesiones graves, coacción, secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado que seguía contra 15 defensores ambientales de la comunidad campesina Segunda y Cajas, que rechazaron la presencia de la empresa Río Blanco Cooper SA en la zona. Entre los investigados, estaban el párroco de la iglesia de Huancabamba y el alcalde de Carmen de la Frontera.
Sin embargo, la Fiscalía resolvió continuar con la investigación preparatoria contra otras 11 personas defensoras de derechos humanos, que también viven en la citada comunidad campesina.
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Al respecto, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organización no gubernamental que asume la defensa de los denunciados, consideró que la determinación fue tomada sin el respaldo de elementos de convicción.
Refirió que esta investigación preliminar fue abierta el 6 de enero de 2020, por los delitos mencionados contra 26 personas. Se incluyó al presidente de las Rondas Campesinas de la Provincia de Huancabamba, Octavio Cunaique Labán; al exalcalde provincial de Huancabamba Ismael Huayama Neyra, al párroco de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba, Fray Jorge Rumi Cóndor, y otros más.
Los ronderos negaron la comisión del delito de secuestro que denunció el supuesto agraviado, Manuel Francisco Julca Campos, agente de seguridad de la empresa Río Blanco Cooper S. A. Fedepaz informó que esta persona venía generando división al interior de la comunidad campesina, interfiriendo en las decisiones comunales, ofreciendo dinero para que se expresen a favor de la actividad minera y desprestigien a los dirigentes que están en contra de la presencia de la empresa minera Río Blanco Cooper S. A.
A raíz de esta situación, los dirigentes de la comunidad y los ronderos sometieron al agente de seguridad a la justicia comunal, según lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú.
Al culminar la investigación preliminar, la Fiscalía ha señalado que no existen elementos de convicción para considerar que hubo los ilícitos denunciados. Pero este razonamiento no fue aplicado a 11 defensores de derechos humanos. Contra ellos, sí se ha formalizado investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuestos de los otros 15 investigados, en cuyos casos se ha archivado la investigación.
Fedepaz dijo que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de delitos graves. También refleja la estrategia estatal y empresarial de criminalizar a las personas que se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales. “El único propósito, del Estado y la empresa, es amedrentarlos y evitar que sigan protestando”, estimó Fedepaz.
