Lambayeque: piden US$ 181 millones de reparación por Proyecto Olmos

La jueza Soledad Barrueto, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, evaluó ayer el recurso que presentó la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en el caso que se sigue contra los exgobernadores regionales de Lambayeque, Yehude Simón Munaro y Humberto Acuña Peralta, por las irregularidades en las etapas previas de la licitación del Proyecto Olmos.

Como se recuerda, este caso se encuentra dentro de la carpeta fiscal n.° 01-2018, a cargo del Equipo Especial del caso Lava Jato, y comprende a un total de 67 investigados; entre los que se encuentran exgobernadores regionales, exconsejeros regionales, exfuncionarios, exministros, empresarios y tres expresidentes (Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Ollanta Humala).

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Durante la audiencia judicial, la Procuraduría postuló una suma de reparación civil de US$181 843.150.29, que deberán pagar en forma solidaria los procesados a favor del Estado peruano. El procurador José Villegas Valenzuela precisó que los investigados deberán hacer los pagos de acuerdo a cada uno de los hechos en los que se encuentran implicados.

Al término de la sesión judicial, la magistrada Barrueto resolvió que la Procuraduría debía subsanar observaciones en cuanto a los montos que corresponderían a los investigados, según los nueve hechos ilícitos comprendidos en la carpeta fiscal, y la no concurrencia de los abogados de los procesados.

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La audiencia fue reprogramada para el 2 de noviembre de 2023. Además, los investigados Yehude Simón, Carolina Trivelli Ávila y Gerardo Sepúlveda Quezada presentaron escritos de oposición a la pretensión de la Procuraduría. De acuerdo a la carpeta fiscal n.° 01-2018, son nueve los hechos investigados por el Ministerio Público.

Los tres principales hechos son los actos previos en la licitación, exoneración del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificación de las bases y contrato de concesión; actos de favorecimiento a la concesionaria Trasvase Olmos, subsidiaria de Odebrecht, con la buena pro del Proyecto Olmos; y contratos de asesoría financiera entre la empresa Trasvase Olmos con Wesfield Capital en el trámite de la primera y segunda adenda al contrato de concesión del Proyecto Olmos.

También fi guran los presuntos aportes ilícitos a la campaña de reelección de Yehude Simón a la región de Lambayeque y la presunta dádiva entregada a favor del entonces gobernador Humberto Acuña para favorecer a la empresa en un trámite. Asimismo, destaca la ejecución contractual, otorgamiento de ampliación de plazo del período inicial sin sustento, pago de mayores costos de obra e
inaplicación de penalidades, con un perjuicio económico de US$17 903.068, 86.

Otros hechos son la intervención de congresistas de Lambayeque y un exministro de Agricultura ante el Ministerio de Economía para la transferencia de partidas al Gobierno Regional de Lambayeque para un pago favorable a la concesionaria; la intromisión de altos funcionarios en el pago del perjuicio económico financiero yde costos de obra a favor de la empresa Trasvase; y presuntos pagos realizados por el exgobierno de Humala respecto al servicio de trasvase de agua.