Ucayali: niegan aborto terapéutico a otra niña de 10 años

En el Hospital Regional de Pucallpa (Ucayali), una menor de 10 años, quien tiene 24 semanas de gestación (tras ser abusada por su padrastro), aguarda ser trasladada a Lima para que una segunda junta médica estudie su caso, pues su vida corre peligro. La primera junta realizada por especialistas del mencionado nosocomio le negó la interrupción del embarazo debido a que ya pasaron las 22 semanas (límite fijado por el protocolo).

La menor pertenece a la comunidad shipibo de Mazaray, ubicada a dos horas y media de Pucallpa, donde no hay dependencia policial ni presencia del Ministerio de la Mujer (MIMP).

Y, al igual que con el caso Camila, la niña fue separada de su progenitora, quien también fue madre a los 9 años. Ahora se halla bajo la tutela del MIMP, según conoció La República.

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Es preciso señalar que la niña fue diagnosticada con un alto riesgo obstétrico, por lo que distintas asociaciones venían exigiendo que sea trasladada lo más pronto posible al Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), en Lima. Precisamente, la congresista Flor Pablo solicitó ayer al Gobierno Regional de Ucayali, así como al Minsa, que “dispongan los recursos necesarios” para transferir a la menor.

“Tenemos conocimiento de que la maternidad de Lima tiene una guía adaptada para casos mayores de 22 semanas y que antes han tenido casos similares. Este instituto tiene mejores condiciones para atender a esta menor”, declaró a La República Julia Martínez, vocera de la Asociación Igualdad y Desarrollo de Ucayali.

Por su parte, Susana Chávez, presidenta de Promsex, precisó que pese a que dicho protocolo señala un límite de semanas, “absolutamente” se puede hacer una excepción. “La guía nacional de interrupción del embarazo es una norma de menor nivel que la ley, por lo tanto, el elemento clave es que este procedimiento es para evitar un daño grave y permanente a las personas sujetas en él. Es así que la norma no puede ser el pretexto para que no sea atendida (la niña)”, insistió.

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Cabe mencionar que, tras el caso Camila, el Comité por los Derechos del Niño de la ONU remarcó que el Estado peruano debe adecuar el actual protocolo. “Las instituciones públicas deben cumplir con el mandato del caso Camila, donde se pidió que el protocolo de aborto terapéutico se adecúe a las situaciones de niñas que están pasando por embarazos forzados”, recordó Lilia Ramírez, vocera de Manuela Ramos.

Grave situación

Solo en setiembre se llegó a denunciar públicamente dos casos de niñas embarazadas, víctimas de abuso sexual por parte de sus padrastros. Ambas tenían 11 años, eran de provincia (Áncash y Moquegua) y tuvieron que pasar por una segunda junta médica en Lima después de que galenos de sus localidades les negaran el aborto terapéutico.

En dichos casos, las menores lograron interrumpir su embarazo. Sin embargo, la semana pasada, una adolescente de 13 años perdió la vida en Junín tras tener complicaciones en su labor de parto.

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El MIMP no da niguna  respuesta

Este diario consultó con el MIMP sobre las medidas que tomarán tras este caso; sin embargo, no hubo respuesta.

Ayer, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó la asignación presupuestal del MIMP para el 2024. La ministra Nancy Tolentino dio detalles de los servicios que se brindarán. No obstante, horas antes, el Ministerio de la Mujer eliminó oficialmente la Dirección de Transversalización del Enfoque de Género, la cual tenía la potestad de pedir rendición de cuentas a diferentes ministerios y otras entidades.