Aborto legal: una atención en salud que el Estado peruano se niega a asumir
En el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es crucial abordar la falta de debate y atención gubernamental en este tema.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, es indispensable cuestionar la negativa de los últimos Gobiernos para debatir sobre el tema. La falta de atención de este campo ha generado que miles de niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar sean condenadas a llevar una maternidad forzada.
El acceso al aborto legal en el Perú es aún muy limitado, siendo el terapéutico la única causal despenalizada desde 1924 y que cuenta con un protocolo desde el 2014. Sin embargo, a pesar de esta normativa, es preocupante que muchos servicios de salud no cumplan con su implementación, vulnerando así los derechos de quienes necesitan acceder a esta atención.
Opinión pública
De acuerdo a las cifras de la encuesta online global realizada por Ipsos, desarrollada entre el 23 de junio y el 7 de julio del 2023, el porcentaje de la población peruana que apoya la legalización del aborto ha ido en alza en los últimos años. En solo un año, la aprobación de que el aborto sea «legal en todos los casos» o «legal en la mayoría de casos» pasó de 31% a 41% en Perú.
La misma encuesta señala que el 65% está de acuerdo con que el aborto sea legal en casos de violación. Y es importante notar que 69% de las personas encuestadas indicó que respaldaba que el aborto sea legal cuando la vida o la salud de las mujeres está en peligro.
Asimismo, una encuesta realizada por Promsex y el Movimiento Manuela Ramos en el 2022, reveló que, en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, el 63% considera que hay situaciones en las que una mujer puede acceder al aborto. Asimismo, seis de cada diez personas están de acuerdo con que el Congreso apruebe una ley que legalice el aborto en casos de embarazo por violación sexual.
El fracaso de la criminalización
Con respecto al cambio de opinión de la sociedad peruana frente al aborto, ha quedado demostrado el desfase de las leyes peruanas, que lejos de buscar justicia para las mujeres, las criminaliza y persigue por intentar acceder al aborto legal en el Perú. Ello se ha hecho notar de manera clara en los últimos casos en los que el Estado se ha visto obligado a cumplir con la ley y resolver en favor de niñas víctimas de violación sexual, que necesitaban acceder al aborto terapéutico.
Frente a ello, Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex, menciona que el aborto es una realidad. “Su realización no debería exponer a las mujeres a situaciones de criminalización ni a prácticas inseguras que pongan en riesgo su salud y sus vidas”, agrega.
Mientras se siga criminalizando el aborto desde el Estado, la vida y la salud de miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas seguirán expuestas a un riesgo innecesario. Esta situación solo evidencia la ausencia de un Estado indiferente que se niega a asumir sus responsabilidades, en lugar de garantizar el aborto como un derecho.
En la democracia se habla de aborto
Foto: Promsex
Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex
Este 28 de septiembre, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, se pone de manifiesto la necesidad de abordar la discusión sobre el aborto en la democracia peruana.
En un contexto donde la legislación data de 1924 y se encuentra entre las más restrictivas, es importante reconocer que las mujeres no tienen pleno control sobre sus decisiones reproductivas, pues mantiene penalizado el aborto por violación y por malformaciones fetales; mientras muchos países de la región como Argentina y Colombia han avanzado en modificar sus legislaciones recientemente.
En el Perú, más allá de la penalización, 19% de mujeres ha abortado, las mujeres siguen recurriendo a este procedimiento, aun cuando eso les pueda costar la vida, por eso el aborto debe ser visto cómo una atención de salud y no debe estar regulado por el código penal.
En lugar de criminalizar, se busca un enfoque que vea el aborto como una atención de salud y no como un delito. La discusión sobre el acceso al aborto legal y seguro es un paso hacia la protección de los derechos y la salud de las mujeres en una sociedad democrática.
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