Conflicto social en Arequipa y la oposición a una hidroeléctrica en el río Chili
Empresa Egasa pretende construir una hidroeléctrica en el valle de Chilina hace ocho años. Colectivos denuncian que obra destruirá la campiña y restos arqueológicos. Egasa obtuvo permisos que no advierten tales "peligros", pero debe garantizarse agua para un bosque.
Hace apenas un año, un megavatio de electricidad costaba 35 dólares. Sin embargo, en un sorprendente giro, su precio ha experimentado un aumento asombroso y ahora supera los 170 dólares.
Este incremento tiene un impacto directo en el bolsillo de los consumidores y en la economía en general. Las causas, los altos costos de la producción de energía. La generación de electricidad se basa en una combinación de fuentes, que incluyen energías renovables como la hidroeléctrica, solar y eólica, así como fuentes no renovables, como el gas y el petróleo. La diferencia está en el costo. Mover una turbina con agua cuesta tres, prender un motor a diesel diez.
Sin embargo, varios proyectos hidroeléctricos fracasaron debido a la oposición de las poblaciones en áreas de influencia. La renuencia se basa en preocupaciones legítimas sobre el impacto ambiental y social, pero también en malentendidos y desinformación. Esto parece ser el caso de la futura central hidroeléctrica Charcani VII en la ciudad de Arequipa. Lo construye la Empresa de Generación Eléctrica (Egasa).
Este proyecto pretende aprovechar las aguas del río Chili para generar 20 megavatios. Esa cantidad de energía podría satisfacer las necesidades de 350.000 habitantes. El caudal del Chili que turbina Charcani VI ascenderá por un túnel hacia el parque de Las Rocas (Alto Selva Alegre). Se aprovechará esa caída al río para generar energía.
El proyecto cuenta con todos los permisos legales a excepción de un plan específico que depende de la Municipalidad de Arequipa. Ahí duerme "el sueño de los justos" hace 1.200 días.
El impacto en un bosque
Hemos llegado a la hacienda Los Bosques de Chillina, a orillas del río Chili. Esta propiedad pertenece a Carlos Ortiz de Zevallos, un administrador de empresas que ha impulsado proyectos inmobiliarios con enfoque ecológico. Es mediodía, una brisa que proviene del río suaviza el calor ambiental. Jóvenes en embarcaciones se aventuran en las espumosas aguas del Chili. Los molles y árboles frutales están cuidadosamente podados. El bosque se extiende por 15 hectáreas. Hay andenería de piedra perfecta. "Todo esto lo quieren destrozar", se queja.
Inicialmente, el empresario propuso desarrollar un club campestre, abandonó la idea y ahora busca vender el bosque para convertirlo en un espacio público y un pulmón verde.
En la cabecera de la propiedad, se planea construir parte de los componentes de la hidroeléctrica, incluyendo la casa de fuerza y un embalse. Estas obras implicarán la eliminación de una bocatoma desde la cual se captura agua del río para riego del bosque. Ya le enviaron un documento que anuncia la expropiación del área y que una tasación defina el precio.
El empresario ha contabilizado casi 5.000 árboles en su propiedad y teme que todas estas plantaciones se sequen. Ortiz de Zevallos expresa otras preocupaciones, especialmente en lo que respecta a la etapa de construcción del proyecto. La obra implica la excavación de un túnel para desviar el agua hacia el parque, lo que requerirá la remoción de tierra y rocas a lo largo de 5 kilómetros de viaducto. “¿Dónde irán los escombros?”, pregunta. Pese a ello, el empresario está dispuesto a entablar un diálogo y encontrar salidas. Pero el bosque no puede quedarse sin agua. A este medio Egasa ha prometido que harán otro canal para esa propiedad.
Guerra de los arquitectos
El Colegio de Arquitectos de Arequipa ha adoptado una posición crítica al proyecto. El decano, Juan Francisco Melgar, sostiene que se trata de una obra sin sentido y potencialmente ilegal. Según sus declaraciones, el proyecto amenaza con destruir el parque de Las Rocas, que es un área natural protegida. El paisaje del parque es notable debido a su singularidad. Alberga flora y fauna de los desiertos, así como formaciones geológicas fruto de las erupciones volcánicas en Arequipa. A pesar de ser un lugar paradisiaco, en los últimos años, ha sufrido reducciones debido a la expansión urbana no planificada y la explotación de materiales de construcción. Tiene más de 200 hectáreas y Egasa usará menos de una para su proyecto.
Justamente esta empresa, municipio de Alto Selva Alegre y Santiago Delgado plantearon un plan específico para administrar mejor este territorio. Los arquitectos consideran que este instrumento, el último que se necesita para iniciar la obra, es ilegal y no ha sido debatido.
Durante la gestión de Omar Candia, el Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), un organismo autónomo adscrito a la municipalidad, le otorgó viabilidad, pero la última palabra recae en el pleno de regidores.
De manera sorpresiva, el gerente municipal, Augusto Arce Paredes, de la gestión actual, devolvió el expediente al Impla, ahora bajo la dirección de Víctor Diván.
El abogado Jorge Sumari Buendía sostiene que lo hecho por Arce Paredes es irregular. No puede retrotraer un trámite que está en marcha. Les competía a los regidores pronunciarse sobre la viabilidad y hacer observaciones, dice Sumari. Cuando se le consultó por qué tomó esa decisión, Arce explicó que tuvo en cuenta la opinión del Colegio de Arquitectos que considera que este proyecto es perjudicial.
Para Arce, lo adecuado es que el nuevo gerente realice una revisión exhaustiva del expediente, tomando en consideración todas las observaciones hechas por los profesionales. "Mi responsabilidad como gerente municipal es remitir el expediente técnico para que, con un informe debidamente sustentado y respaldado por análisis técnicos, puedan emitir sus opiniones", señaló Arce.
Más observaciones
El Colegio de Arquitectos asegura que en la zona hay vestigios de los antiguos arequipeños y se destruirán. Aunque el ministerio de Cultura emitió un certificado que indica la inexistencia de restos arqueológicos. Al menos en la zona donde se hará obra. El decano de los Arquitectos tampoco confía en el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, ya que no especifica cómo se repararán los daños ambientales. Afirma que la zona es intangible, aunque el Ministerio de Cultura no coincide con esa tesis.
