Ministerio Público cita a abogados que habrían ofrecido coima a juez de paz
De acuerdo con la denuncia, los letrados habrían ofrecido 3.000 dólares al juez de paz para obtener un favorecimiento en un caso que seguía sobre la obtención de un bien. Uno de los involucrados niega la acusación.
La República en GooglePiura. Los representantes legales de la Pesquera Yoly S.A.C., Iby Castañeda Seminario, Luis Robles Lozano, además de Rodrigo Callupe, de Peruvian S.A.C., deberán declarar ante la Fiscalía Anticorrupción en la segunda semana de abril de 2023 por un presunto caso de coima que habrían intentado ofrecer al juez de paz de Sechura, Humberto Querevalú, con la suma de 3.000 dólares americanos, a fin de obtener una medida cautelar a su favor.
Según la carpeta fiscal 2606065500-2023-112, el presunto caso de corrupción sucedió en diciembre del año pasado. Es por eso que el Ministerio Público abrió una investigación del caso, basándose en la denuncia por el presunto delito de cohecho en la Fiscalía anticorrupción de Piura contra cinco representantes de las mencionadas empresas.
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La Fiscalía investiga el material fílmico entregado por el denunciante. Foto: Captura pantalla cámaras de seguridad.
En la denuncia se detalla que los representantes pretendieron desafectar a una de las embarcaciones en propiedad de las empresas, por lo que el denunciante presentó audios y videos como pruebas del intento de la supuesta coima. De esa manera, Iby Castañeda, Rodrigo Callupe, Luis Robles, Igor Peralta y Katty Sánchez han sido citados por la Fiscalía anticorrupción de Piura para que brinden sus declaraciones en calidad de investigados.
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"Programar la escucha, visualización y transcripción del video contenido en el USB proporcionado por el denunciante para el día viernes 14 de abril", dice la carpeta fiscal.
Por su parte, la licenciada acusada, Iby Castañeda, rechazó los cargos en su contra y argumentó que el juez denunciante tiene antecedentes y quejas ante la Odecma por presuntos malos manejos. Cabe resaltar que en las redes sociales y los medios de comunicación se han difundido diferentes cuestionamientos contra el denunciante y los funcionarios de Produce, que han acatado las órdenes judiciales del juez de paz.
