OEFA separa a secretaria técnica del Tribunal de Fiscalización tras revelarse conflicto de intereses
De acuerdo con la declaración jurada presentada por la funcionaria de OEFA en abril del 2021, ella está casada con Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la refinería La Pampilla.
La República en GoogleOEFA informó que tomó la decisión de separar a la funcionaria Angélica María García Gilio por ser esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla. Esto, luego de que la empresa acudiera al Tribunal de Fiscalización para apelar un procedimiento administrativo sancionador, instancia en la que García ostentaba el cargo de secretaria técnica, lo que evidencia un caso de conflicto de interés.
A su vez, a través de un documento exclusivo al que tuvo acceso La República, se develó que la refinería La Pampilla de Repsol logró tener a su favor una apelación que presentó al Tribunal de Fiscalización del Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental (OEFA), por lo que la libra de una sanción económica de más de S/5 millones.
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¿Qué refiere el comunicado?
Tras lo mencionado líneas más arriba, sucede que para que Repsol se haya liberado de dicha sanción económica, tuvo que acudir al Tribunal de Fiscalización del OEFA para apelar el proceso administrativo. En esta instancia, habría tomado injerencia la funcionaria Angélica María García Gilio, quien, según su declaración jurada en abril del 2021, indica que está casada con Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, directivo de Repsol.
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En ese sentido, OEFA determinó “separar” a la Secretaria Técnica del Tribunal de Fiscalización, Angélica García, que venía cumpliendo funciones “antes de producirse el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla el 15 de enero de 2022″.
Además, continúa el comunicado: “Se han iniciado las investigaciones necesarias, en concordancia con las normas legales vigentes, salvaguardando los intereses del Estado y respetando el debido proceso”.
Finalmente, OEFA afirma su compromiso de “respetar la independencia y pluralidad de instancias como garantías en un Estado de derecho e implementará rigurosos procedimientos de transparencia e integridad, mediante una reingeniería de la gestión institucional”.
