Organización awajún demanda intervención estatal ante ataque de mineros ilegales
Denuncian que las oficinas de los defensores ambientales fueron quemadas, así como la cocina y comedor. También registraron robos de colchones, motosierras y aparatos tecnológicos.
- Paro de transportistas EN VIVO hoy 14 de enero: pocos buses, duplican pasajes y rutas afectadas en Lima y Callao
- Estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar este 14 de enero por el paro
Escala de conflictividad. Por segunda vez en pocos meses el local de la awajún Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) fue saqueado e incendiado. El miércoles 26 de octubre, personas vinculadas a la minería ilegal destruyeron parte de la infraestructura del inmueble.
Quemaron las oficinas, cocina y comedor. También robaron dinero, colchones, motosierras y apartados tecnológicos. Los dirigentes ambientales Augostina Mayán Apikai y Santiago Manuin Mayán, de Condorcanqui, Amazonas, presenciaron el hecho. Cuentan que los retuvieron por varias horas, pero no fueron agredidos físicamente.
TE RECOMENDAMOS
PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Ellos continúan siendo amenazados de muerte por defender su territorio de economías irregulares. Es por eso que exigen garantías para su vida y la protección de comunidades aledañas.
Según señalan, los atacantes serían comuneros de la comunidad de Suwa Pagki que estarían vinculados a la minería ilegal. Prueba de ello es que horas antes de la embestida recibieron amenazas provenientes del sector.
El Estado estaba advertido del conflicto, según la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo avisó del hecho a las carteras del Interior, Justicia y Cultura, así como a la Presidencia del Consejo de Ministros de Aníbal Torres, pero no obtuvieron respuesta.
La omisión de las diversas entidades competentes al Estado peruano es preocupante porque, desde el lunes 24 de octubre, la ODECOFROC y varias de sus bases bloquearon el río Cenepa para reclamar que, pese a que la zona se encuentra en Estado de emergencia desde junio del 2022, los mineros ilegales hacen caso omiso.
“El Estado prorrogó la ley (estado de emergencia) a dos meses, por eso es garante de derecho, yo siento que este caso de interdicción va a ser más fuerte porque ya están actuando de una forma criminal y con vandalismo”, dijo el presidente de ODECOFROC, Hortez Baitug.
“Ya todos los ministros saben el trabajo arduo de ODECOFROC para defender el medio ambiente, y yo tengo un mecanismo activado para personas defensoras de derechos humanos con protocolo de alerta temprana y garantías de vida”, agregó el líder indígena.
