INPE: sobrepoblación en las cárceles del país se ha elevado a más del 115%

Duermen en el piso y comen en bolsas o vasos desechables. En las duchas muchas veces no hay agua y menos jabones y el papel higiénico es como un tesoro. Un colchón es un privilegio que puede costar fácilmente S/ 1.500. Así son las condiciones en la mayoría de las 69 cárceles del país. El penal de Lurigancho, considerado el más peligroso, sigue siendo el establecimiento con más prisioneros. El hacinamiento es terrible.

Según un informe estadístico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras los muros de estos establecimientos, a marzo del 2022, había recluidos 89.091 internos. De ellos, 54.187 están sentenciados y 34.904 son procesados por diversos delitos. Asimismo, 84.606 son hombres y 4.485 mujeres.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La capacidad de albergue sin embargo, es para 41.123 internos. Es decir, hay una sobrepoblación de 116%.

Muchos de estos internos no tienen acceso a un lugar donde dormir. Esta población tampoco tendrá opción para trabajar, estudiar y recibir servicios que permitan un acompañamiento conducente a la rehabilitación.

“Cuando la sobrepoblación excede o es igual al 20% de la capacidad de albergue, se denomina sobrepoblación crítica o hacinamiento”, explica el excoronel Jorge Mejía, experto y consultor en temas de seguridad.

Agrega que el exceso de presos es uno de los factores determinantes en el incremento de la violencia.

Ya en un informe de febrero 2021 del INPE se establecía que la sobrepoblación penitenciaria era del 112%. Es decir, hubo un aumento del 4% este año. Si bien había disminuido en relación a marzo de 2020, con el contexto de la pandemia por COVID-19, era una cifra preocupante.

Solo en los primeros cinco meses de este año, de acuerdo al INPE, ingresaron 8.590 nuevos internos (1.058 sentenciados y 7.532 procesados) y egresaron 6.614. En todo el 2020 ingresaron 13.254 y en el 2021 entraron 17.318 reclusos.

Uno de los nuevos reclusos es Beycker Jhonatan Toribio Hernández (21), quien fue condenado a 35 años de cárcel por ser autor del delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años.

José Arequipeño, Sebastián Zevallos, Diego Arroyo, Andrés Fassardi y Manuel Vela, acusados de ser autores del delito de violación sexual en agravio de una joven en el distrito de Surco, también han sido sentenciados a 20 años.

Fuentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) indicaron que este escenario es “ideal para que el crimen organizado pueda elegir y tomar a sus nuevos integrantes para el desarrollo de sus economías criminales”.

350 indultos comunes

Ante esta problemática, el Gobierno viene analizando cómo reducir la población penitenciaria. Entre las opciones están los indultos y la salida de personas con discapacidades y enfermedades crónicas. Desde el 2020 hasta marzo del 2022 egresaron 7.928 internos por la ley de despenalización COVID-19.

De ellos, 350 salieron por gracias presidenciales de indulto común. Edilberto Muñoz Prado, recluido en el establecimiento penitenciario Ancón II, fue uno de los que recibió ese beneficio.

En tanto, 2.063 egresaron de las cárceles de acuerdo a la ley n.° 1459; 5.482 por la ley n.° 1513; y 33 por la ley n.° 1514.

El 39.71 % se encontraban presos en Lima, el 19% en Chiclayo y el 10% en Huancayo.

Claves

Derechos. Para la Defensoría del Pueblo, los internos cumplen el mandato de detención en condiciones que afectan principalmente su derecho a la vida, integridad y salud, entre otros.

Fallas. El hacinamiento genera especial afectación a mujeres, personas con discapacidad, adultas mayores y ocasiona también fallas en los controles y la vigilancia.