Luis Díaz sobre retorno de Anselmo Lozano: “No renunciaré al cargo de vicegobernador”
El actual gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, aseguró que se mantendrá en la gestión pese a que el Poder Judicial le impidió entablar comunicación con Anselmo Lozano Centurión.
Con el próximo retorno de Anselmo Lozano Centurión al Gobierno Regional de Lambayeque, el actual mandatario lambayecano, Luis Díaz Bravo, descartó su renuncia al cargo de vicegobernador y aseguró que se mantendrá en la gestión. Asumió esta postura a pesar de que no puede entablar comunicación con el exalcalde victoriano porque están involucrados en una misma investigación.
En conversación con La República, Díaz Bravo refirió que no está en sus planes dar un paso al costado frente al inminente regreso de Lozano Centurión al sillón regional. Este regresará luego de que el Poder Judicial le cambiara el arresto domiciliario por libertad con restricciones, de y que el Consejo Regional le extinguiera la suspensión en la primera sesión ordinaria de agosto.
“No voy a renunciar. He sido elegido vicegobernador y regresaría a mi cargo sin ningún problema. No podemos tener ningún tipo de comunicación (entre él y Anselmo Lozano) porque en la resolución judicial tenemos medidas restrictivas. El 27 de julio del 2022 solicité al Poder Judicial una aclaración de la resolución con respecto al apartado de las reglas de conducta”, declaró.
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Del mismo modo, el gobernador regional cuestionó la celeridad con la que el Consejo Regional de Lambayeque aprobó extinguir la suspensión de Lozano Centurión. Para Díaz Bravo, el colegiado vulneró los plazos. “Se abordó el tema en esa sesión de Consejo (del 3 de agosto) sin que haya estado en agenda. Entonces, creo que los consejeros han vulnerado los plazos”, agregó.
Como es de conocimiento público, Lozano Centurión y Díaz Bravo son sindicados por el Ministerio Público como parte de la organización criminal El Imperio del Mal, la cual se habría beneficiado económicamente con obras públicas en el distrito chiclayano de La Victoria entre el 2015 y 2018. Para ellos se ha pedido 21 y siete años de prisión, respectivamente.
Anselmo Lozano dispuso comunicar este caso al Tribunal de las Contrataciones del Estado. Foto: La República