Lambayeque: fiscal estima 7 años de prisión para policías por presunto cohecho

El fiscal anticorrupción de Lambayeque, Julio Taboada Ramón, estimó en su requerimiento de prisión preventiva que para el exjefe de la II Macroregión Policial de Lambayeque, general PNP Max García Esquivel, le correspondería siete años de cárcel, si es hallado culpable en un eventual juicio por el delito de cohecho pasivo impropio.

Propuesta

El fiscal también estimó que una similar condena le correspondería al suboficial Ray Velásquez Calsín por el mismo delito que su exjefe. Ambos son investigados por presuntamente pedir cupo a dueños de discotecas.

Justamente, esta prognosis de posible condena para García Esquivel y Velásquez Calsín fue considerada vital para que se les ordene cárcel provisoria por 15 meses y sean internados en el penal de Chiclayo.

En ambos casos, el Ministerio Público precisó que en los imputados no correspondería que se acojan a la figura de la confesión sincera, y en el supuesto caso decidieran someterse a la terminación anticipada, la condena no sería menor de cinco años y 10 meses de prisión efectiva.

Además de especificar una prognosis de pena, la Fiscalía acreditó que la prisión preventiva para policías investigados era necesaria al existir indicios de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) y obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).

Al respecto, el abogado de García Esquivel calificó de arbitraria la medida restrictiva a su patrocinado, pues no existe peligro de fuga y obstaculización del caso. Aseguró que su patrocinado siempre mostró disposición de colaborar con la investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Hechos

Como se recuerda, el último 28 de julio de 2022, el general PNP Max García Esquivel fue arrestado en la ciudad de Lima por agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), por órdenes del fiscal Julio Taboada Ramón.

Max García fue destituido como jefe de la Segunda Macro Región Policial de Lambayeque, luego que empresarios de discotecas lo acusaron de cobrarles cupos para que funcionen sus negocios y después que La República registrara el momento en el que el suboficial PNP Ray Velásquez recibía dinero de una de sus víctimas.