Cajamarca: Contraloría detectó perjuicio de casi S/ 900.000 en obra de camino vecinal
La entidad detectó hechos adversos relacionados al no cobro de penalidades. También identificó presuntas responsabilidades penales y administrativas en 7 funcionarios de la Municipalidad Provincial de San Miguel.
- Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar tras objeciones de Cesar Nakazaki sobre informe pericial
- Línea 2 del Metro ya está al 85% y Ositrán propone conexión con la Línea 1 para acelerar apertura
La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 828.836 en agravio de la Municipalidad Provincial de San Miguel (Cajamarca) debido a la falta de cobro de penalidades ante el incumplimiento del contrato en el mantenimiento periódico del camino vecinal Varapaccha-Agua Blanca-El Prado, valuado en S/ 7 millones.
De acuerdo, al Informe de Control Específico n.° 005-2022, se determinó que los funcionarios que intervinieron durante la aprobación de la ampliación de plazo n.° 1 del servicio de mantenimiento favorecieron al contratista al no cobrar penalidades por mora del 10% de lo contratado.
TE RECOMENDAMOS
¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
La comisión auditora explicó que esta situación se desencadenó debido al retraso injustificado en la ejecución de los trabajos, pues el servicio no tuvo la dirección técnica propuesta por la contratista, ya que se simuló la presencia del ingeniero residente. De esta manera, se perjudicó económicamente a la entidad por el monto de S/ 720.097.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
La municipalidad también pagó al consorcio supervisor una actividad que no comprende en su contrato, como es la elaboración de liquidación del contrato de supervisión que causó una pérdida económica de S/ 28.239. Incluso, la entidad otorgó un adelanto directo al contratista ejecutor por el monto de S/ 2 160 292.
Resultados. La Contraloría detectó indicios de irregularidades, y está en marcha una auditoría, cuyos informes salen en abril. Foto: Félix Contreras/La República
Ante esta situación, el ente de control determinó presuntas responsabilidades penales y administrativas en siete funcionarios. Por eso, se dispuso que se inicien las diligencias que corresponden conforme a la ley.
