Robos en línea: se incrementan las denuncias, pero no hay responsables

Joseph Beltrán, un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), supo que tenía una deuda de 14.000 soles cuando solicitó un préstamo hipotecario. Una experiencia similar vivió una madre de familia, quien prefiere mantener su anonimato, al enterarse de que adeudaba S/30.000 al Banco Falabella. Ambos fueron víctimas del delito de suplantación de identidad en línea, uno de los ciberdelitos más frecuentes e impunes en el Perú.

Según el Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), se han registrado más de 1.300 casos de suplantación de identidad en lo que va del 2022. Pese a su incidencia, la mayoría se archiva por la falta de profesionales especializados y el desconocimiento de los fiscales y policías en esta materia. Mientras, los afectados deben lidiar con deudas ante entidades financieras que no les brindan soluciones.

Crecen denuncias

Entre el 2020 y el 2022, las denuncias por esta modalidad se incrementaron, ante el necesario traslado hacia la virtualidad.

Ricardo Elías Puelles, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, sostiene que el ascenso de la interacción en entornos digitales no significó una enseñanza para el ciudadano, sino que fue aprovechado por los delincuentes.

De acuerdo con la información recibida por Transparencia, las cifras de la División de Alta Tecnología (Divindat) y el Sidpol oscilan entre las 1.000 y 2.000 denuncias solo en 2021, respectivamente. Los números varían porque solo existen dos dependencias de la Divindat (Lima y Arequipa) para la persecución de este delito.

Faltan especialistas

La mayoría de los casos son archivados o ni siquiera cuentan con una investigación preliminar. El ‘Diagnóstico multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’ (2020) indica que el Poder Judicial solo sentenció a 397 personas por delitos informáticos en los últimos 5 años.

Veamos. Entre el 2013 y el 2020, el Ministerio Público recogió 21.681 denuncias de delitos informáticos. De ese total, hubo 108 sentencias y se archivaron 12.608. Estos últimos implican el cese de la investigación sin hallar al autor de la suplantación. Pero la cancelación de la deuda depende si se efectúa una conciliación con la empresa o por medio de Indecopi.

Uno de los motivos del archivamiento es la dificultad para hallar a los autores del delito, que en muchas ocasiones se debe a la falta de tecnología para detectarlos. Es así que, según el MP, los problemas se concentran en la etapa preliminar.

Para Puelles, otro indicador es la ausencia de fiscales y policías especializados en informática y ciberdelitos, quienes, además, no saben cómo requerir información a redes sociales, páginas web u hosting.

Empresas sin supervisión

Joseph Beltrán y la madre de familia buscaron soluciones inmediatas con las entidades financieras. Pero al profesor le dijeron que no tenían los datos completos del préstamo que se hizo en Huacho, donde él no reside, mientras que a la mujer no le dieron detalles para solucionar el delito.

La República se comunicó con ambas financieras, pero estas no aceptaron la vulneración de su sistema de seguridad en perjuicio de los usuarios. Por el contrario, enfatizaron que ahora tienen programas más seguros para ellos.

En tanto, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) sostuvo que no aborda la comisión de estos delitos, sino que se encarga de brindar recomendaciones o sanciones en caso de que no se cumpla con el reglamento de la entidad.

Pero los ciudadanos acuden también al Indecopi. Evelin Roa, secretaria de la Comisión de Protección al Consumidor n.° 1, recalcó que la entidad observa la parte administrativa, es decir, si la empresa cumplió o no con el usuario.

Por lo tanto, no hay una regulación directa hacia las empresas, por lo que su responsabilidad solo es determinada en un papel administrativo por el Indecopi o la SBS.

Al cierre de esta nota, las deudas que mantenían los afectados fueron anuladas, pero ambos continúan el proceso en el Indecopi. Como estos casos, varios siguen siendo denunciados en las redes sociales.

Claves

Pocos. El ‘Diagnóstico multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú’ (2020) señala que la Divindat cuenta solo con 2 dependencias, cuyo personal es de 150 efectivos en Lima y 23 en Arequipa. De ellos, 70 son especializados. Según el MP, solo hay 25 fiscales en ciberdelincuencia a nivel nacional.

Van 2 años. En 2020 se creó la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, un año después de que Perú firmara el Convenio de Budapest, tratado en ciberdelitos.