Lambayeque: exigen intervención del Gobierno en obra de agua paralizada
Vecinos de pueblos jóvenes ubicados en inmediaciones de la carretera Chiclayo-Pomalca compran agua para sus necesidades, pues proyecto de S/ 56 millones no ha concluido.
Cansados de esperar, hoy domingo 3 de julio de 2022, los vecinos de los 12 pueblos jóvenes ubicados al margen de la carretera Chiclayo-Pomalca protestaron para exigirle al Gobierno nacional su intervención para culminar una obra de agua y alcantarillado para estas jurisdicciones, que comenzó en marzo del 2019 y, ahora, más de tres años después, todavía siguen sin terminar en medio de paralizaciones y retrasos.
Demanda
En lo que va del 2022, los vecinos han bloqueado, hasta en cinco oportunidades, las principales vías de acceso y salida de la ciudad de Chiclayo a Pomalca con piquetes, llantas quemadas y grupos humanos; además de haber realizado marchas. Sin embargo, no han encontrado respuesta a sus demandas.
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En noviembre de 2018, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) suscribió el contrato de ejecución de la referida obra con el Consorcio Progreso. Posteriormente, hizo contrato con el Consorcio Supervisor Asís para la función de fiscalización en la obra.
“Hay más de 56 millones de soles para la ejecución de la obra de saneamiento en los 12 pueblos jóvenes, pero el avance no llega al 60% y la población es la más afectada. Queremos que se declare este proyecto en emergencia y que una comisión de Lima venga para que verifique las condiciones en que están los trabajos. No tenemos pistas ni veredas, consumimos agua de pozos, muchos pueblos jóvenes van a cumplir más de 100 años sin agua en algunos sectores, con niños sufriendo”, dijo a La República Elmer Pasapera Peralta, presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Jóvenes Chiclayo-Pomalca.
En agosto de 2021, la Contraloría emitió un informe precisando que la contratista y la empresa supervisora alertaron a Epsel sobre la presencia de fuerzas hidráulicas no contempladas en el estudio técnico y que generarían fisuras y agrietamientos en la planta de tratamiento de agua potable. Empero, la entidad no implementó acciones y ordenó continuar con la construcción.
Esta situación, según la Contraloría, afectaría el abastamiento del servicio en Villa Progreso, Upis Miraflores, Las Vegas, Samán, California, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Ramiro Prialé II, San Félix, San Francisco de Asís y La Unión.
Lo más grave es que Epsel se demoró 131 días para absolver una consulta sobre incongruencias técnicas respecto al tipo, características y diseño de la cimentación del reservorio elevado de 1.600 metros cúbicos, cuando el plazo es de 15 días conforme a la normativa. Al respecto, la Contraloría refirió que esta demora paralizó los trabajos y originó una solicitud de ampliación de plazo, que conllevó a que la contratista entable un proceso arbitral.
“Estamos ante una obra mal construida que necesita ser evaluada y continuada. Hubo mucha expectativa por este proyecto, pero lamentablemente todo ha sido un engaño. En Lambayeque no nos hacen caso, por eso queremos la intervención del Gobierno central. Hemos pedido una audiencia con el presidente Pedro Castillo para que conozca este grave caso y tome acciones”, expresó el dirigente Juan Sánchez Tesén.
Tanto Sánchez y Pasapera coinciden en que los funcionarios de Epsel y representantes del Consorcio Progreso han priorizado sus intereses, pues no han logrado establecer un proceso de conciliación para reiniciar los trabajos.
“Las pretensiones económicas están por encima de los intereses del pueblo. Exigimos el reinicio de esta obra, pues son más de 35.000 pobladores los perjudicados por no tener agua en viviendas. La población compra sus baldes de agua para cocinar y hacer sus actividades personales, pero con la crisis económica todo es más difícil”, argumentó Sánchez Tesén.
A fin de encontrar una solución a sus reclamos, los vecinos de los 12 pueblos jóvenes planificarán hacer un viaje hacia Lima para intentar reunirse con el presidente Pedro Castillo y funcionarios del Ministerio de Vivienda.
“Epsel nos tiene paseando, pues nos dice que ya se realiza el proceso de conciliación y eso no es verdad. La obra sigue paralizada con un presupuesto millonario mal ejecutado. Si no somos escuchados, vamos a tomar otras acciones”, argumentó.
