Defensoría del Pueblo: gobernadora prioriza intereses personales y partidarios

La Defensoría del Pueblo detectó un patrón de conducta regular en la gestión de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez: la continua violación a Ley del Código de Ética de la Función Pública. “Los ciudadanos piden que su autoridad cumpla la ley. Si no lo hace (…) el mensaje es el desacato”, indicó Ángel María Manrique, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.

El abogado hace referencia a la inacción de la autoridad regional ante informes de Contraloría, denuncias de contrataciones a personal allegado y permanencia de asesores y funcionarios cuestionados. Ante ello, Manrique informó que enviaron el Oficio N°821-2022 el 21 de abril dirigido a Gutiérrez pidiendo sus descargos y medidas correctivas, ante denuncias publicadas por medios como La República, por 5 principales hechos en su mandato.

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El más reciente caso es el beneficio con puestos a comadres, proveedores y militantes de Unidos por el Gran Cambio, movimiento de Gutiérrez. “No puedes contratar a tu comadre como lo ha dicho literalmente, no puedes contratar a personas que son tus amigos si no están cumpliendo con le perfil ni procedimientos legales”, advirtió añadiendo que se podría estar utilizando indebidamente los recursos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

El documento también pide explicaciones por los “minions”, un grupo de asistentes muy cercanos a la gobernadora que están tomando funciones más allá de sus competencias. Para el funcionario sino cumplen el perfil se “está haciendo un uso abusivo del poder”. “Con estos casos advertimos de que está priorizando sus intereses personales, partidarios, en vez de priorizar el desarrollo de Arequipa”, refirió. Mencionó las contrataciones irregulares a familiares de trabajadores de Autodema.

Instó que la Oficinas de Control Institucional intervenir.

Funcionarios

Otro hecho es por la permanencia del gerente regional de Educación, Santos Benavente, por recibir doble sueldo. No dejó de lado al cuestionado asesor regional Christian Nova Palomino que se benefició con atenciones exoneradas en el hospital Goyeneche. “La gobernadora es asesorado por alguien que incumple el Código de Ética (…)

Es cómplice de un acto abusivo de poder, porque si mantienes a esa persona es justificar que no te interesa cumplir las normas del Estado”, dijo Manrique.

Además se pide descargos de porque no responder a Contraloría por su informe N°01-2022.

En que observó la designación de tres de sus funcionarios de confianza. Se trató de Jorge Luis Suclla, gerente general; Fermín Arenas, gerente del ARMA; y Miguel Santa Cruz Ochoa, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. “Aún no se ha dado respuesta (…) Contraloría ha tenido que enviar un reiterativo”, informó Manrique.

Por último se cuestiona que se haya cambiado en dos ocasiones a los secretarios técnicos de la Comisión Regional Anticorrupción entorpeciendo su labor y aún no hay reemplazo. “No se tiene un estrategia clara para luchar contra esta”, sostuvo.

-¿Qué está pasando las instituciones colocan a personal cuestionado sin importarles nada?

-Las autoridades políticas lamentablemente han perdido respeto a las normas y generan desconfianza a la población. Vemos que la mayoría de instituciones en Arequipa se van descomponiendo, están en una etapa desmoronamiento de todo lo avanzado en el Estado. Deben entender que son un ejemplo para la sociedad.

Consejo debe fiscalizar

Ángel María Manrique de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) no debe de abdicar de su función fiscalizadora. Sostuvo que tiene como prerrogativas interpelar a funcionarios, investigar actos de corrupción y citar a la gobernadora. Señaló que no hubo labor concreta de fiscalización por parte de este organismo. “Si la población ve contubernio, complacencia del Consejo con actos ilegales, obviamente los juzgará”, sostuvo. Acotó que también se envió la carta para que tengan conocimiento de los cinco hechos por los que pide descargos y acciones concretas.