Arequipa: detectan tendido de redes de agua potable irregular en Jardines del Colca
De acuerdo a Sedapar, asociación almacenaba agua en un pozo que fue convertido en surtidor. Luego distribuían el recurso en un cisterna que no cuenta con certificación del Ministerio de Salud.
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Arequipa. Al inspeccionar la pileta pública de la Asociación Jardines del Colca, en el distrito de Yura, el personal de Sedapar detectó la existencia de una red de tubería de unos 3 kilómetros, la misma que llegaba hasta un pozo de 20 metros cúbicos de capacidad y un surtidor de agua potable, instalado en un promontorio.
En el operativo realizado el fin de semana, los trabajadores de Sedapar constataron que desde el pozo se abastecía a un camión cisterna el mismo que no cuenta con la certificación extendida por la Dirección de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud. Esta situación pondría en grave riesgo la salud de los pobladores a los que se les distribuye el recurso hídrico.
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Los funcionarios de Sedapar solicitaron la presencia de la Policía Nacional para la realización de una constatación por uso irregular del servicio en el que habrían incurrido los directivos de la Asociación Jardines del Colca. Quedó pendiente la corroboración de una presunta comercialización del agua, acto que está prohibido y sancionado en el Reglamento de Calidad de los Servicios de Saneamiento, aprobado por la Sunass.
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Esta pileta pública fue contratada hace 6 meses y tiene la categoría tarifaria de social. Asimismo, registra un promedio de 2.500 metros cúbicos de consumo mensual.
Campaña contra las conexiones clandestinas
Voceros de la empresa prestadora de servicio señalaron que ejecutan una campaña de detección de conexiones clandestina en todo el ámbito urbano de Arequipa. Esperan concretar 270.000 inspecciones.
Esta práctica ilícita, de acuerdo a Sedapar, se incrementó notablemente por la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, está tipificada como delito de hurto agravado de servicios básicos y es sancionada de acuerdo al Código Penal que sanciona al agente infractor con penas privativas de la libertad que van de 3 a 6 años.
