Alcalde Marcos Gasco habría concertado con Veolia Perú SAC, según fiscal anticorrupción

Según el requerimiento acusatorio de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Marcos Gasco Arrobas habría concertado con los integrantes de la empresa Veolia Perú SAC en el marco del proceso de contratación directa n.º 01-2019 para el alquiler de 10 compactadoras por S/ 1 896 750.

De acuerdo al documento fiscal, el burgomaestre suscribió el contrato n.º 001-2019 tras el otorgamiento de la buena pro a dicha empresa a pesar de que incumplió con los requisitos establecidos en las bases integradas y términos de referencia, lo cual —precisó— generó un perjuicio patrimonial de S/ 249.733.

Informes cuestionados

En los fundamentos, los cuales esgrime la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe y que figuran en la carpeta fiscal n.º 1556-2019, cobró relevancia la relación comercial entre Veolia y la Municipalidad Provincial de Trujillo, la cual se disolvió el 20 de marzo de 2019 respecto a la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos.

Fue en este contexto que los funcionarios del ayuntamiento chiclayano iniciaron los actos preparatorios para la contratación directa y expidieron informes para justificar un desabastecimiento del recojo de residuos sólidos.

Otro de los hechos que se consideraron fue que se tomó esta medida aún cuando existían acuerdos con el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) para el tratamiento integral de los desperdicios, tal como se reflejó en dos convenios interinstitucionales y una adenda que se firmaron el 22 de enero y 2 de marzo de 2019, respectivamente.

No obstante, la MPCh firmó el Acuerdo Municipal n.º 021 y 027 del 1 y 18 de marzo de 2019, que aprobaba la situación de desabastecimiento. Según indicó la la fiscal, esto no constituye una situación extraordinaria e imprevisible que establece la norma.

En otro acápite del documento, se insistió que Gasco conocía que la empresa Veolia incumplió con los requerimientos establecidos en las bases administrativas, pero plasmó su rúbrica en el contrato el 22 de abril de 2019.

No considera a Contraloría

El 17 de abril del mismo año, es decir, cinco días antes, la Contraloría General advirtió que el proveedor invitado (Veolia) no acreditó la totalidad de requisitos de calificación exigidos en las bases. Además, afirmó que esto afectó la legalidad y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Por ejemplo, Veolia no presentó a la MPCH el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente, no justificó la experiencia del personal ni la infraestructura estratégica para el cumplimiento de sus labores.

La fiscal precisó que, de esta manera, el burgomaestre actuó en detrimento al suscribir el referido contrato tras un proceso que tampoco consideró el importe de la cotización de la empresa Intaraseo Perú SAC por S/ 1 647 000, el cual luego se incrementó a más de 1,7 millones de soles y se estableció como valor referencial.