Puno: comuneros de Saqui Totora amenazan a periodistas y les restringen el paso
Hombres de prensa acompañaban a fiscalizadores del Gobierno Regional de Puno, quienes iban a constatar situación de la mina Argos.
Puno. Periodistas de diversos medios de comunicación fueron echados, bajo amenaza de ser agredidos, por unos ciudadanos de la comunidad de Saqui Totora, provincia de San Antonio de Putina, que hace casi cuatro meses despojaron de su derecho de concesión a la empresa minera Argos,
Los hombres de prensa acudieron a la zona acompañando a una comitiva de fiscalizadores de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM).
El Gobierno regional los convocó con el propósito que quede evidenciado que su trabajo es público y que, desde el inicio de las protestas, el 21 noviembre de 2021, nunca dejaron de lado su función de fiscalización a las empresas mineras formales.
Un grupo de comuneros se apostó en el sector La Apachera, la cumbre más alta camino a Saqui Totora. Asimismo, se conoció que el colectivo estuvo dirigido por los dirigentes Leoncio Díaz Turpo Turpo, Wildo Cusi, entre otros.
Leoncio Díaz solo aceptó que continúen con su paso los funcionarios de la DREM y ordenó que ningún medio de comunicación ingrese a la zona. La peor parte la vivió el periodista Kevin Moncada, a quien Díaz y otros amenazaron con despojarlo de su equipo de trabajo.
El dirigente advirtió que si la unidad que trasladó a los hombres de prensa insistía en continuar su paso, tomarían medidas radicales. “Ahorita lo apedreamos, le rompemos los vidrios y no pasa nada”, amenazó Díaz. Después dijo: “No los vamos a dejar entrar, así de claro”. En el lugar también estuvo presente Liubomir Fernández, periodista de La República.
La comitiva de fiscalizadores fue a la zona para constatar la actual situación de la mina Argos (pequeña minería), porque se descubrió que después de que fueron despojados, los comuneros, a la cabeza de Leoncio Díaz, habían ingresado a los socavones a explotar el material aurífero de manera ilegal sin permiso ni autorización. Según la Policía Nacional, estarían trabajando menores de edad y se estaría haciendo uso de explosivos de contrabando.
El abogado Tomás Hancco consideró que los dirigentes están afectando derechos constitucionales como el libre tránsito, la libertad de información, expresión y el libre derecho de tránsito por el suelo nacional.
“Una comunidad y sus dirigentes no pueden restringir el derecho de otros bajo ninguna razón. Acá los gremios periodísticos tienen que asumir una zona extraterritorial”, dijo el letrado.
