Piura: Contraloría advierte presuntas irregularidades en construcción de puente
Según el informe de dicho ente, el comité de selección habría contratado a empresa que no cumplía con los requisitos.
La República en GoogleTras realizar operativos de control, la Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la construcción del puente sobre la quebrada Yale y protección del talud, cuyo monto adjudicado ascendió a S/ 9,8 millones, ejecutado por la municipalidad de Talara (Piura).
Según el informe de Control Específico N.º 011-2021-2-0456-SCE, en estas presuntas irregularidades se encontró responsabilidad penal y administrativa en tres exintegrantes de un comité de selección por calificar y otorgar buena pro a un postor que no cumplió con requisitos establecidos en las bases de la licitación pública para la construcción de dicho puente.
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En el informe se detalló que el ganador no acreditó la totalidad de requerimientos de calificación de plantel profesional clave referidos a la experiencia del ingeniero especialista en seguridad e ingeniero especialista en estructuras metálicas, conforme a las bases integradas, por lo que se debió declarar desierto el procedimiento de selección al no quedar ninguna oferta válida.
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En el caso de la especialista en seguridad, el contratista acreditó a dos profesionales propuestos con una experiencia de ocho meses en uno de ellos y dos años en el otro a pesar de que se exigía cuatro años en la ejecución de obras en general. La misma situación ocurrió con el especialista en estructuras metálicas, ya que el postor no acreditó el plazo mínimo de dos años en el cargo.
Aunque se encontraban estos incumplimientos, tres exfuncionarios que integraban el comité de selección de la comuna edil de Talara otorgaron la buena pro de la obra en el 2018, lo que vulneró la normativa de contrataciones del Estado. Posteriormente, la entidad firmó el contrato con la empresa ganadora.
Tras esta situación, la Contraloría comunicó el hecho al alcalde provincial de Talara para que los involucrados deslinden responsabilidad administrativa en los hechos y al procurador público de dicho ente para el inicio de las acciones legales correspondientes.
