Sociedad

Moquegua: exfuncionarios de municipio de Cuchumbaya son sentenciados a prisión

Condena es por negociación incompatible. Según la acusación fiscal, los acusados entregaron buena pro de dos procesos de selección sin que el postor cumplan los requisitos.

Sentencia también incluye inhabilitación para ejercer cargo público. Foto: Periódico Rotativo Moquegua
Sentencia también incluye inhabilitación para ejercer cargo público. Foto: Periódico Rotativo Moquegua

Jonas Huacan Flores, Rusbel Ever Mamani Luis (miembros del comité especial permanente) y Manuel García Lanchipa, gerente de la Municipalidad Distrital de Cuchumbaya, fueron sentenciados a 5 años de pena privativa de la libertad efectiva.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua presentó la acusación contra los funcionarios como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.

El caso estuvo a cargo del fiscal Marco Antonio Guevara, quien señaló en juicio oral que los integrantes del comité entregaron la buena pro de dos procesos de selección sin que cumplan los requisitos.

El gerente municipal suscribió ambos contratos para la adquisición de agregados en noviembre del 2013, pese a que el contratista no presentó la partida registral de SUNARP del título de concesión, como lo establecían las bases.

La irregularidad fue demostrada con la presentación de la solicitud de inscripción de partida registral del contrato de explotación minera por parte del proveedor, es decir, se aceptó que se regularice el requisito posterior a la firma del contrato.

Cabe mencionar que, en una de las convocatorias, un segundo postor quedó descalificado por no contar con la misma documentación de la empresa a la que se le entregó la buena pro. Según la Fiscalía, esto evidencia un interés particular por dicha empresa.

Los representantes de empresas participantes, vía documento, pusieron de conocimiento a la gerencia municipal que no se cumplió con los requisitos al otorgar la buena pro, no obteniendo respuesta alguna del proceso que debió declararse desierto.

La condena además inhabilita a los imputados para ejercer cargo de carácter público. La ejecución será una vez quede consentida la sentencia, debiendo además cumplir reglas de conductas y pagar una reparación civil.