Pedro Pablo García: asesinato de activista LGTBIQ+ abre debate sobre crímenes de odio

El pasado 31 de octubre, Pedro Pablo Prada García, un activista de la comunidad LGTBIQ+, y su amiga del barrio, una mujer trans que se identificaba como R. Huapaya Morales, fueron asesinados presuntamente por dos hombres extranjeros. El hecho ha dejado conmocionada a la comunidad debido a que este podría sumarse a la lista de los crímenes de odio que se dan en nuestro país.

Los hechos

El pasado domingo 31 de octubre, las víctimas estuvieron celebrando el Día de la Canción Criolla con unas personas más. Pasadas las horas, los amigos se quedaron solos junto con otros dos jóvenes.

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Los vecinos comentaron que en la madrugada se escucharon gritos, pero no fueron a verificar debido a que pensaban que venían de otro lugar. A la mañana siguiente, la sobrina de Pedro Pablo encontró los cuerpos de su tío y su amiga atados y sin vida.

Al parecer, los delincuentes habrían sometido al activista y a R. para robar sus pertenencias. Dentro del inmueble, todo estaba destrozado. Por su parte, la familia de Prada García indicó que faltaban televisores, laptops, una computadora, entre otros equipos electrónicos.

Crímenes de odio en las leyes peruanas

Los crímenes de odio son aquellos que se ejercen contra las personas de la comunidad LGTBIQ+ y tienen como objetivo castigarlas por incumplir las ‘‘normas’, estereotipos de género y orientaciones sexuales tradicionales avaladas por la sociedad. En nuestro país, este tipo de crimen no tiene un tipo de delito penal (así como lo tienen los casos de feminicidio) y solo en el Código Penal se señala el criterio de discriminación para determinar si se está frente a una causa que agrave la pena.

Sin embargo, el Estado peruano tiene una orden de crear un protocolo para administrar este tipo de delitos desde el 12 de marzo de 2020, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia contra el país por la detención ilegal, tortura, violación sexual y discriminación por orientación sexual en una comisaría contra Azul Rojas Marín, una mujer trans.

Esta orden vence en marzo de 2022 y hasta el momento el Estado peruano no ha implementado ni una medida. “El estado no ha tomado acciones para capacitar al personal o implementar la base de datos para que se conozca más sobre estos crímenes. Esa medida tiene un plazo de un año, que ya venció”, indica Edith Arenaza, abogada de Azul Rojas y especialista en género.

El caso de Pedro Pablo y su amiga

Fuentes policiales aseguraron a La República que la investigación aún está en proceso preliminar y todavía no han establecido el enfoque del caso. La mayoría de las pruebas apuntan a que se trate de un crimen relacionado con el robo de patrimonio; sin embargo, no descartan que se pueda tratar de un crimen de odio, pues ya lo tienen contemplado dentro de sus hipótesis, dado que ambos presentan signos de haber sido golpeados y torturados.

De acuerdo a los hechos, y según especialistas, este crimen podría considerarse como un caso de violencia de género. “El solo hecho de que sea una persona LGTBIQ+, y teniendo el contexto de discriminación estructural y los altos indices de agresión en nuestro países y señales de tortura, se puede tener la presunción de que sea un crimen de odio. La Policía debería investigar tanto por robo como por crimen de odio. La CIDH señala en su sentencia que ellos tienen la obligación de investigar si es que la violencia ejercida ha sido por móviles discriminatorios”, resalta la abogada Edith Arenaza.

De la misma forma, Jorge Apolaya, representante del colectivo Marcha del Orgullo, cree que este crimen debería analizarse con enfoque de género. “Cuando tú robas, no vas a hacerte amigo de la víctima, lo torturas y luego lo asesinas. La diferencia entre un crimen de odio y un robo es la tortura. La violencia de género muchas veces se encapsula con el delito de robo”, señala Apolaya.

Pedro Pablo García fue una importante pieza dentro del movimiento de la comunidad LGTBIQ+. En 1995, luchó y demandó la falta de atención del Estado para lograr el acceso universal al tratamiento antirretroviral contra el VIH. Gracias a él, actualmente se tiene una ley que garantiza la prestación de atención de esta enfermedad mortal.

La familia y amigos de Pedro Pablo y R. piden que el tema de la investigación policial llegue a buen término y se capture a los responsables. “No queremos que se haga nada extraordinario, solo justicia. La Policía tiene la imagen y el nombre de las personas que han podido ser los asesinos”, menciona Jorge Mesones, director de AHF y amigo de García.