Alcaldes de Arequipa insisten con protesta contra el gobierno

Elizabeth Huanca Urrutia

Los alcaldes de Arequipa no temen ser denunciados penalmente e insisten en una posible huelga de hambre o movilización si el gobierno del presidente Pedro Castillo no transfiere a la región el dinero que pagaron las mineras Cerro Verde y Buenaventura.

Las autoridades y funcionarios públicos están impedidos de participar o fomentar protestas. El especialista en Derecho Municipal, Jorge Sumari, refiere que podrían ser acusados por omisión de funciones.

Pese a ello, el alcalde provincial, Omar Candia, remarcó que la huelga es una posibilidad no desechada. “Una declaración nos puede generar una denuncia. Somos muy conscientes, necesitamos de estos recursos para Arequipa y no es un capricho, es un tema de justicia”, subrayó.

El pasado 2 de setiembre el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica y 21 alcaldes de provincia, enviaron un memorial al dignatario exigiendo los recursos por concepto de regalías, abonados por las mineras. Para argumentar su postura, exigieron una audiencia en un plazo no mayor a 10 días. Candia señala que al momento no hay respuesta del Ejecutivo.

Frente al silencio del gobierno, la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), no ha permanecido callada. Según Candia, esta instancia ha mostrado su respaldo a la postura de las autoridades ediles arequipeñas. Las ha invitado a la capital.

En ese contexto, Candia anunció que una delegación de alcaldes de la ciudad, viajarán el jueves 16 de setiembre a Lima.

La intención es llegar hasta Palacio de Gobierno, pedir una reunión y entregar el memorial de forma personal al presidente Pedro Castillo.

Judicializar caso

Cabe mencionar que, el dinero pagado por ambas mineras (más de S/ 3,000 millones) fue hecho bajo protesto.

Las dos empresas sostienen un proceso de arbitraje internacional con el Estado, debido a que no reconocen el cobro, por lo que en esta instancia pretenden anular el pago hecho. Si lo ganan, el gobierno deberá devolver lo cancelado. Bajo ese criterio, algunos expertos señalan que lo mejor es que el Estado no disponga del dinero y lo mantenga en calidad de reserva hasta el fin del mismo. ¿Qué pasaría si el Gobierno decide inclinarse por este mecanismo? Candia señala que hay “mecanismos judiciales y políticos” que podrían aplicar para que su exigencia se cumpla.