Susalud sanciona al hospital de Apurímac por no atender un aborto terapéutico

Susalud multó con 11.51 UIT, correspondiente a S/ 50.600, al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay (Apurímac) por no atender un aborto terapéutico. Al respecto, el director de este nosocomio, Renán Ramos Morón, anunció que apelarán la medida.

Ramos señaló a los medios locales que el caso se remonta a diciembre del 2017, cuando otro director asumía la gestión; sin embargo, tras la revisión de la documentación, se determinó que sí atendieron la emergencia en el último día de plazo.

Según Susalud, el hospital no actuó con celeridad, como amerita en estos casos, ante la solicitud de una menor de edad, quien había quedado embarazada debido a una violación sexual. Se requería con urgencia un aborto terapéutico debido los graves daños de la salud mental y física de la víctima. Días después del pedido, la menor sufrió la pérdida espontánea del embarazo y fue hospitalizada de urgencia.

De acuerdo a la entidad, la sanción también dispone que, como parte de las medidas correctivas, el hospital deberá acreditar acciones de difusión y socialización a su personal para el cumplimiento de los plazos y procedimientos en este tipo de circunstancias.

Por su parte, Ramos alegó que aquella vez, la junta de médicos tardó en reunirse por la falta de especialistas, pero que sí habrían atendido a la menor.

“Estamos estudiando el caso. Vamos a apelar esa sanción. No nos parece justa. Los procesos y tiempos se dieron en seis días, dentro de la norma”, resaltó el especialista.

Aborto terapéutico en el Perú

Esta no es la primera ocasión en que un establecimiento de salud es sancionado por negar el acceso al derecho al aborto terapéutico a una mujer en el Perú. En 2017, Indecopi multó con 20 UIT, correspondiente a S/ 81.000, a la clínica El Golf por no haber tramitado debidamente la solicitud de aborto terapéutico presentada en el 2014 por una paciente.

“Es necesario que el Minsa refuerce la difusión del protocolo de aborto terapéutico para atender principalmente a las víctimas de violación sexual, en todos los establecimientos de salud del país”, señala Claudia Castro, integrante del equipo de litigio estratégico de Promsex a La República.

Castro también manifestó que estos hechos evidencian la falta de un enfoque diferenciado para la atención de casos de niñas, adolescentes y adultas que requieran el acceso al aborto terapéutico.