Deudos de asesinados en paro agrario no fueron incluidos en apoyo económico del Gobierno
No hay justicia aún para familias de adolescente de 16 años y de Reynaldo Reyes, acribillados durante la represión policial en Virú. Autoridades piden un trato igualitario.
- UNFV: pagaban hasta 3.000 dólares para que los suplanten en examen de admisión
- Comercio informal: el gran fracaso de Rafael López Aliaga
El Gobierno anunció un apoyo económico para los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados en la represión policial por las protestas en Lima contra el gobierno de facto de Manuel Merino, y a la familia de Jorge Muñoz, acribillado en las protestas del paro agrario en Virú (La Libertad).
Sin embargo, los parientes del adolescente de 16 años de iniciales K. R. C y Reynaldo Reyes, quienes también fueron asesinados semanas después, no fueron incluidos como beneficiarios de los S/ 40.000 que entregará el Estado.
Para Felipe Arteaga, presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de San José en Virú —donde sucedieron las muertes—, esta situación revela un trato discriminatorio del Ejecutivo, el cual ya viene siendo denunciado hace varios meses.
“No es justo que dos que han muerto por la misma causa los traten de forma desigual”, enfatizó Arteaga a La República.
Por su parte, el saliente congresista Lenin Bazán indicó a este medio que este hecho se debe a que estas víctimas de la represión policial no han sido reconocidas por el Gobierno y no fueron incluidas en la resolución de la comisión conformada, puesto que solo se centraron en los casos de Inti, Bryan y Jorge.
“Decían (PCM) que la muerte de Inti y Bryan no es el mismo contexto de violación de derechos humanos que la protesta del paro agrario, porque en las primeras muertes ellos suponen que hubo orden de mandos superiores de la Policía e incluso de Manuel Merino”, resaltó el exparlamentario.
En ese sentido, en una reunión con las autoridades se preguntó sobre por qué entonces se incluyó a Muñoz y la respuesta fue que se dio por la cercanía de los hechos.
“Dicen que fue un error y que ya no iban a incluir a los demás jóvenes (...) Pero las circunstancias son iguales, hubo un abuso policial”, lamentó.
Ante ello, Bazán pidió que se tenga en agenda la remediación de esta medida en el Gobierno de Pedro Castillo, para que así sean incluidas la familia de K. R. C y Reynaldo Reyes.
Policías acusados están libres
Los suboficiales de la PNP José Hoyos y Víctor Bueno, acusados de matar a los jóvenes, no están en la cárcel. El primero está prófugo tras recibir nueve meses de prisión preventiva por la muerte de Jorge Muñoz, y el segundo no tiene ningún cargo y se liberó de un primer pedido de cárcel.
