Denuncian trato discriminatorio del Ejecutivo a deudos de víctimas en paro agrario

Dirigentes sindicales, rondas campesinas y organizaciones de trabajadores agrarios denunciaron un trato discriminatorio por parte del Ejecutivo hacia los deudos de Jorge Muñoz, el adolescente K. R. C. y Reynaldo Reyes, quienes fueron asesinados durante el paro agrario en Chao (La Libertad).

A través de un pronunciamiento enfatizaron que, pese a la creación de una Comisión Multisectorial para acciones a favor de las familias de las víctimas de las movilizaciones dadas en contra del gobierno de Manuel Merino y por el paro agrario nacional, solo han sido incluidos los parientes de Jorge Muñoz, y no los de los otros dos jóvenes fallecidos.

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Asimismo, en el caso de Muñoz, el único respaldo dado fue la afiliación de su conviviente al Programa Nacional Cuna Más, mientras que, en el caso de otras víctimas, a las familias se les ha otorgado beneficios en salud, reembolso de gastos, facilidades para traslados, acompañamiento psicosocial, entre otros.

“El Poder Ejecutivo ha venido dando un trato discriminatorio a los deudos de los mártires agrarios y a los héroes que resultaron heridos durante la lucha agraria, desconociendo el derecho de los heridos y deudos de los fallecidos el 23 y 30 de diciembre de 2020, quienes merecen el mismo trato por parte del Estado que el brindado a los heridos y deudos de los fallecidos entre el 10 y el 14 de noviembre en las movilizaciones realizadas en Lima”, se lee en la misiva.

Por ello, alzaron su voz de protesta y exigieron al Ejecutivo que se asuman compromisos y que los jóvenes asesinados el 30 de diciembre también sean incluidos, además, que se cumpla con brindar atención necesaria a la familias.

Por otro lado, indicaron que, como en el caso de los parientes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, aún no se ha dado la reparación administrativa.

Además, pidieron que el proceso sancionador contra los policías José Hoyos Agip y Víctor Bueno Alva, acusados de matar a Jorge Muños y a K. R. C. y Reynaldo Reyes, respectivamente, continúe para que los agentes vayan a la cárcel.

Por el momento, ambos agentes aún no afrontan la ley. El primero recibió una prisión preventiva de nueve meses, pero se encuentra prófugo de la justicia. Por su parte, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de prisión contra el suboficial Bueno Alva, pese a los medios probatorios, por lo que está libre.

“Exigimos una pronta y ejemplar condena contra los dos policías que asesinaron a nuestros mártires agrarios”, resaltan.