Áncash: juez cita a audiencia sobre pedido de cese de prisión preventiva contra Morillo

Fernando Ugaz Zegarra, abogado de Juan Carlos Morillo Ulloa, declaró que el pedido de cese de prisión preventiva contra su patrocinado se fundamenta en elementos probatorios que demuestran la inocencia del suspendido gobernador regional de Áncash.

El letrado consideró a los informes como claves para que el juez Derby Quezada Blanco ponga en libertad la exautoridad, quien desde diciembre se encuentra recluido en el penal Víctor Pérez Liendo debido a los nueve meses que se ordenó en su contra.

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“Los peritajes concluyen que no hubo sobrevalorización en el equipamiento, ambulancias y construcción de ambientes COVID-19 en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote. Además, no existió perjuicio económico a la institución”, mencionó.

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La defensa indicó que los nuevos elementos de convicción son favorables a su patrocinado porque en otro reporte pericial se concluye que las irregularidades son solo omisiones técnicas administrativas. Además, afirmó que la empresa Quimera SAC sí cumplió con presentar toda la documentación de las bases.

“En el informe legal N.º 024-2020 (12.05.20) se concluye que es legalmente viable la contratación directa dada la emergencia de la COVID-19 y en el informe técnico pericial (03.05.21) se determina que no existe sobrevaloración y se cumplió al 100% todas las metas de ejecución”, remarcó.

Otro aspecto que resaltó Ugaz Zegarra es que, dado que los informes dicen que no hay perjuicio, la prognosis debe partir del tipo simple de colusión y no del tipo agravado.

“Sobre el arraigo domiciliario y posesorio, Juan Carlos Morillo —mediante escrito de fecha 23 de noviembre del 2020— solicitó la diligencia de constatación domiciliaria en su vivienda ubicada en el jirón Huánuco N.º 567 de Chimbote, pero no fue realizado y conocido por el juez”, precisó.

“Asimismo, existe arraigo familiar de calidad probado. Tenemos los pagos de pensión alimentación a sus tres hijos por montos entre 800 a 1.800 soles, así como copia de los DNI de sus hijos en las cuales se señala que viven en la propiedad que su padre mantiene. El arraigo laboral también lo tiene (...). Además, él solo fue suspendido provisionalmente de su cargo como gobernador por la imposición de la prisión preventiva. De quedar libre, esta suspensión queda sin efectos”, añadió.

Fernando Ugaz concluyó que, en virtud de los nuevos elementos que señalan inexistencia de perjuicio patrimonial y la inexistencia de elementos que acrediten un acto colusorio, la gravedad de la pena es insuficiente para sostener una prisión.

La audiencia donde se discutirá el cese de esta medida para Juan Carlos Morillo Ulloa fue programada para el martes 13 de julio a las 5.15 p. m. y se realizará a través del aplicativo Google Meet de manera virtual.