Dictan prisión preventiva de 18 meses para ex gerente general del Gobierno Regional de Piura
Jesús Torres Saravia, quien fue funcionario de confianza del gobernador regional, es investigado por el delito de colusión agravada por el caso Cartas Fianza Falsas.
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La jueza a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Judith Cueva Calle, ordenó la prisión preventiva por 18 meses contra el ex gerente general del Gobierno Regional Jesús Torres Saravia; así como para el presunto intermediario Edward Baca Palacios, quienes vienen siendo investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada por el caso Cartas Fianza Falsas.
De acuerdo a lo resuelto por la magistrada, la medida provisional se ejecutará mientras se define la situación legal de cada uno de los procesados por presuntamente haber tenido injerencia en la selección del consorcio ganador de la obra “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Máncora” y en la formalización de los documentos que permitieron la aprobación de las cartas fianza falsas por las que se pagaron 4 millones de soles a la empresa contratista.
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Además, se dispuso que la asistente del ex gerente general, Lisset Ballivían Castro, afronte el proceso en libertad bajo reglas de conducta, siendo una de ellas depositar una caución económica de 20.000 soles.
Cabe señalar que en el caso de Baca Palacios, al encontrarse prófugo de la justicia, se procederá a ordenar su requisitoria y orden de captura a nivel nacional.
Según la hipótesis del fiscal Javier López Romaní, Torres Saravia habría creado un “equipo de seguimiento y monitoreo de los proyectos de inversión del pliego regional”, a través del cual el exgerente se habría valido de su posición para presionar a funcionarios y beneficiar al Consorcio MNDC, que ganó la buena pro del Hospital de Máncora de forma irregular.
El dato
Esta investigación forma parte del caso Cartas Fianza Falsas, en el que funcionarios del Gobierno Regional son investigados por la presunta comisión del delito de colusión agravada que se sigue por irregularidades en la contratación del Consorcio Constructor MNDC, que debía realizar obras y equipar un establecimiento de salud en Máncora, en la provincia piurana de Talara.
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