Familias de Inti y Bryan siguen buscando justicia a seis meses de muertes
Primera Fiscalía Penal Supraprovincial aún no amplía el número de investigados, mientras que algunos policías no acuden a declarar a pesar de que son citados como testigos. Deudos insisten en indemnización, la cual deberá ser decidida por el Gobierno.
Hoy, 14 de mayo, se cumple medio año del asesinato de Bryan Pintado (22) e Inti Sotelo (24) en las manifestaciones sociales en contra de la asunción de mando de Manuel Merino. A dos meses de que concluya la investigación preliminar de la Fiscalía y del fin del Gobierno de transición, los deudos no tienen respuestas sobre quiénes ocasionaron las muertes de los jóvenes y están a la espera de que proceda la reparación para todas las víctimas.
Proceso fiscal
A la fecha, los únicos investigados en la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima son el exjefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Cayas, y el exsubcomandante general de la Policía Nacional, general PNP Jorge Lam Almonte.
Uno de los principales pedidos de las familias de las víctimas y sus defensas es que se amplíe el número de investigados y se individualicen responsabilidades, pues consideran que hay más miembros de la Policía que están involucrados, aquellos que habrían dado órdenes de disparar.
Precisamente, meses atrás, a la Fiscalía llegó el informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior en el que se detallaban los nombres de comandantes, coroneles y capitanes de la PNP que podrían tener implicancia.
Basándose en ese documento, la Fiscalía citó a un grupo de policías en calidad de testigos, pero algunos de ellos no han asistido a declarar y han solicitado la reprogramación. Según denuncia Pacha Sotelo, hermano de Inti, sería una estrategia para dilatar el proceso con la finalidad de ganar tiempo y mejorar sus estrategias de defensa.
“Sospechan que sus declaraciones van a terminar teniendo elementos inculpatorios sobre los acontecimientos que son materia de investigación y que eso significa un paso hacia delante de transformarlos de testigos a imputados, que es lo que corresponde”, apunta Carlos Rivera, defensa legal de la familia Sotelo Camargo.
Por su parte, el abogado de la familia de Bryan Pintado, Dante Morales, precisó que este viernes 14 de mayo tres policías más habían sido citados a brindar sus declaraciones.
Morales afirma que los policías que, hasta el momento, han acudido a declarar siguen negando el uso de proyectiles de plomo pese a que al examen de necropsia practicado a Bryan Pintado confirma su presencia en el cadáver. “Las investigaciones prosiguen no solo con las personas que participaron directamente, sino también con el personal de inteligencia”, agrega.
Ambos abogados consideran que en la etapa preliminar se ha avanzado bastante en cuanto el recojo de evidencia. Es por ese motivo que Rivera reclama que no haya más imputados.
“Nadie los está condenando ni sentenciando (a los policías). No es posible que se estén cumpliendo seis meses de la investigación y que solo tengamos, con esta abundante información, a dos investigados. Si bien es cierto en enero se produjo el cambio del fiscal Soto por la fiscal Aburto, creo que este es el momento en el que se debe hacer el señalamiento de las responsabilidades”, asevera.
El fiscal Jhony Soto, quien asumió inicialmente, dio un plazo de investigación preliminar de ocho meses. Luego de que Jhousy Aburto tomará el caso, el tiempo no ha sido ampliado; es decir, a mediados de julio deberían de emitir los resultados, a menos de que la fiscal solicite una prórroga.
El temor es que el plazo pueda acabarse y la investigación no tome en cuenta a más personas. “La información está ahí, solo falta que la fiscal ordene y exhorte a estos policías a que hablen porque el informe (del Ministerio del Interior) es lapidario y muy concreto. Ya sabemos que en la PNP ellos no jalan el gatillo porque les da la gana, son órdenes que reciben”, aduce Pacha Sotelo.
Reparación
La indemnización sigue siendo un asunto pendiente que las víctimas y deudos buscan concretar. La decisión se encuentra en manos del Ejecutivo y, al igual que Fiscalía, tiene dos meses para decidir, pues en la siguiente gestión sería difícil obtenerla, teniendo en cuenta que fue un compromiso del gobierno de transición.
La semana pasada, Pacha Sotelo se reunió con la jefa de gabinete, Violeta Bermúdez, quien le manifestó que estaban esperando una sentencia judicial para poder ver el tema de la reparación económica.
Violeta Bermúdez se reunió con deudos en la primera semana de mayo. Foto: Facebook Pacha Sotelo
El abogado Rivera sostiene que la indemnización puede entregarse independientemente del proceso legal, ya que, en caso el Poder Judicial ordene una sentencia condenatoria, se determinará la responsabilidad de los perpetradores materiales, y eventualmente del Estado; mientras que la indemnización “simplemente es el significado de una voluntad política y de una voluntad de reparación”.
“Yo creo que, en realidad, el Ejecutivo ha tomado una decisión de tirarse para atrás. (…) Me convenzo de que eso (la reparación) no va a ocurrir”, señala Rivera.
Marlene Román, coordinadora de la comisión multisectorial que atiende a las víctimas, afirma que el grupo de trabajo no tiene poder de decisión sobre este punto. No obstante, en junio, cuando terminen sus funciones, elaborarán un informe con recomendaciones en el que podrían sugerir aprobar la reparación.
“Ojalá que antes de que acabe este Gobierno ya se haga una denuncia por parte del Ministerio Público a todos los responsables, porque esto no solo es cosa de la Policía. Espero también que Sagasti firme el documento donde indemnice a las familias que el Estado tanto daño les ha causado, porque ha destrozado vidas, ha destrozado vidas completas y no puede quedar así. (…) Recuerdo cuando Sagasti dijo: ‘Justicia que tarda no es justicia’”, acota Pacha Sotelo.
Informe en la Inspectoría
El informe de la Oficina de Integridad del Ministerio del Interior debió haber pasado a la Oficina de Asuntos Internos para que finalmente sea revisado en la Inspectoría General de la Policía a fin de determinar posibles sanciones administrativas a los miembros involucrados.
Pacha Sotelo afirma que desde el sector Interior se les manifestó que el informe final estaría listo para abril; sin embargo, no le han vuelto informar al respecto. Él presume que dicho documento ya estaría listo, pero no lo quieren hacer público.
Consultada al respecto, Marlene Román, de la comisión multisectorial, que también coordina con el Ministerio del Interior, señala que dicho informe aún se encuentra en Asuntos Internos “por ser considerado complejo” y todavía no pasa a Inspectoría.
¿Por qué este informe sería importante? Sotelo sostiene que si la propia institución policial llega a demostrar responsabilidades administrativas, reforzaría la hipótesis de que hubo mandos que cometieron irregularidades en sus funciones, lo que finalmente causó los muertos y heridos.
“El hecho por ser sancionados a nivel administrativo determina que, por lo menos, ya hay una evidencia de que los procedimientos que utilizaron en el desarrollo de la represión a las movilizaciones de noviembre no fueron regulares o no fueron legales”, apunta el abogado Rivera.
Sotelo también cree que la sanción administrativa podría impulsar a que finalmente se entregue la reparación económica.
Además de los dos motivos anteriores, Óscar Pintado, padre de Bryan, considera que dicho informe sentaría un precedente importante para evitar más casos de represión policial.
“El informe es muy importante, no solo para la asociación de las víctimas del 14N, sino para todas las personas que les gusta vivir en democracia, que valoran los derechos humanos y que deciden manifestarse cuando no son escuchadas por el gobierno de turno”, sostiene.
Secuelas
Además de los fallecidos, la represión policial en el gobierno de Manuel Merino dejó decenas de heridos, y se investiga un posible caso de tortura y otro de desaparición forzada.
Hace dos meses que Jon Cordero (24) salió del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tras pasar un largo tiempo hospitalizado. Él recibió un impacto de bala en la columna que, hasta la fecha, le impide tener sensibilidad en la pierna izquierda, además de necesitar de un catéter para orinar. El joven ya inició sus terapias ambulatorias y espera seguir evolucionando.
“Estoy enfocado en mejorar, la cosa va a ser después del tiempo si es que hay secuelas. Puede ser que vuelva a caminar como que también no”, comenta.
El 5 de abril pasado brindó su declaración ante la Fiscalía, y días después, acudió a una diligencia de visualización de videos. Una sesión similar a la última le ha sido programada para las siguientes semanas.
Cuenta que hace poco su abogado presentó al Ministerio Público el casco de bicicleta que llevaba puesto en la espalda al momento de la manifestación. Asegura que el casco presenta un orificio que sería de la bala que le cayó, aunque aún deberá pasar por las pruebas necesarias.
Al igual que el resto de afectados, espera que se sindique a los responsables cuanto antes, especialmente a los actores políticos.
Que no se repita
Desde la Defensoría del Pueblo, se sigue el caso de los jóvenes Pintado y Sotelo, así como de las otras víctimas. Se exige una investigación rigurosa para sentar precedentes y también resaltan la importancia de cumplir con las reparaciones a las partes afectadas.
“En ese camino nos encontramos. El Ministerio Público está desarrollando la investigación y es imprescindible que esta llegue a esclarecer las responsabilidades que hubiese. Es una forma también de reparar a las víctimas y constituye una obligación de los estados”, asevera Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la institución.
El abogado resaltó la importancia de establecer la figura de no repetición en el caso, lo cual busca que se tomen acciones para que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir, así como sancionar y separar a los elementos de la Policía que habrían incurrido en la represión.
“Hay que crear medidas, normas internas, procedimientos que aseguren que nunca más vayan a ocurrir estos hechos, esto es la garantía de no repetición. Si estos hechos quedaran impunes, se estaría abriendo la posibilidad de que en el futuro se cometan otra vez”, advierte.
Asimismo, la Defensoría ha recomendado supervisar el cumplimiento de los protocolos de los operativos policiales, así como el entrenamiento policial y los manuales utilizados en el control de manifestaciones sociales.
