Violencia hacia niñas y adolescentes indígenas, una problemática invisibilizada

Perú no solo es un país de violadores, es también de pederastas. El último reporte ‘Violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas’, elaborado por la asociación indígena Chirapaq, estima que cerca de 30 niñas indígenas fueron víctimas de violación, acoso o explotación sexual al mes, durante el 2020.

El informe también señala que cada día tres niñas de entre 10 y 14 años se convierten en madres y una de ellas vive en zonas rurales. Esta problemática, lejos de disminuir, ha incrementado con el paso del tiempo, pues las cifras de maternidad infantil en estas áreas geográficas han crecido en un 78% desde el 2012 hasta el 2020, en comparación con el 29% que han registrado las áreas urbanas.

“Muchas veces se abusa de las niñas y adolescentes indígenas porque aprovechan que los familiares salen a trabajar y se quedan solas, o dentro de los mismos colegios”, cuenta a La República Nelaydith Chapay Marcos (18), parte de la comunidad nativa asháninka de Cushiviani en Junín.

En el 2019, se reportó un total de 16.945 casos de violencia sexual contra las mujeres, de los cuales 1.854 casos fueron hacia indígenas, lo que representa casi el 11%. Ayacucho y Puno son las regiones con más registros de esta problemática.

“La denuncia de estos casos es casi imposible debido a la lejanía geográfica de los servicios públicos especializados, los gastos que deben asumir las familias en busca de justicia y la percepción de un trato descortés y cuestionador a la víctima por parte de los agentes del Estado”, señala la activista indígena Tarcila Rivera Zea, presidenta de Chirapaq.

Los factores que perpetúan las violencias hacia menores indígenas

Estereotipos de género, revictimización y pobreza en la que vive la población indígena son algunas de las causas que perpetúan la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes de este sector.

“Hay un escenario social y económico que ha venido cambiando en este tiempo, produciendo por un lado procesos migratorios, y también la diversificación de actividades extractivas que han tenido un impacto en la salud sexual sexual y reproductiva de niñas y adolescentes, con los ingresos de terceros, con las salidas permanentes de las familias”, detalla Tania Pariona, excongresista y mujer indígena a este diario.

Nelaydith Chapay cuenta que la violencia es ejercida por parte de foráneos que llegan a trabajar a su comunidad, pero que también muchas veces son familiares o personas cercanas al entorno de la víctima. Para el segundo caso, obtener justicia se complica más, pues la misma familia no quiere realizar la denuncia, o se hacen arreglos con las autoridades de la comunidad, debido a los lazos amicales que puedan tener.

Los procesos largos y engorrosos, así como los gastos económicos que impiden seguir con la ruta de denuncia, también forman parte de la cadena que desalienta a las víctimas a denunciar, lo que genera un subregistro significativo con respecto a la violencia de género que viven las niñas y mujeres indígenas.

Las escuelas también son espacios donde se violenta a las menores indígenas. Fuera de separar a los docentes abusadores, estos no reciben sanciones y muchas veces vuelven a ser contratados, obligando a las víctimas a convivir con estos agresores. “No hay una justicia ni reparación para esas niñas”, lamenta la excongresista.

Otro factor es la Educación Sexual Integral (ESI), pues según Pariona y Chapay no se aborda de manera adecuada y sin pertinencia intercultural. “Dentro del colegio no nos hablaban mucho de eso (ESI) ni derechos sexuales, no teníamos mucha información. Si hablábamos era poco, y si hacíamos preguntas, nos mandaban a buscar en internet”, comenta la exestudiante.

A ello suma un factor cultural en el que predominan prácticas patriarcales que todavía limitan la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes sobre sus cuerpos. “Lo que he visto en otras comunidades, ya no tanto en la mía, es que a las hijas las intercambian. Hay personas que van a las comunidades ofreciendo cosas a cambio de niñas o chicas. Las obligan y así se las llevan”, asevera Chapay.

La urgencia de una mirada intercultural a la violencia hacia menores indígenas

El embarazo en adolescentes y niñas es un fenómeno que ha adquirido gran relevancia en la última década. Se considera un problema de salud pública y derechos humanos por el incremento del riesgo en la salud de la madre y el bebé, la reproducción de la pobreza y las dificultades para continuar con la escolaridad.

“Ellas quieren seguir estudiando, pero lo que menos tienen es soporte. Una vez que la niña se convirtió en madre, la lógica de muchas familias es que la niña hace su vida”, señala Tania Pariona. La maternidad forzada genera que las menores hagan cada vez más labores de cuidado en sus hogares.

Pariona afirma que es necesaria la creación de políticas públicas dirigidas a esta problemática que se elaboren con las variables étnica, de género, intercultural, geográfica e intergeneracional. También un trabajo articulado entre los ministerios de la Mujer, de Salud, de Educación y de Cultura. “El acceso a la información de los territorios indígenas en lenguas originarias, en un lenguaje sencillo, es fundamental”, detalla.

Nelaydith Chapay sugiere que se tome en cuenta las voces de las niñas y adolescentes al momento de desarrollar las medidas para prevenir y combatir esta problemática, pues son ellas las que viven en carne propia estas violencias.