Resumen 2020: Cómo fue la tensa relación entre el Estado y las clínicas privadas en plena pandemia

Familias endeudadas por medio millón o hasta un millón de soles. Pacientes a los que no se les permitió el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que pagaran. Estas son algunas situaciones a las que se enfrentaron los ciudadanos infectados con coronavirus y que desarrollaron un cuadro grave de COVID-19 cuando sus seres queridos buscaron ayuda en las clínicas privadas del país. Ante esta situación, el Gobierno intervino y luego de negociaciones se aprobó un intercambio prestacional que ha rendido poco. ¿Cuál es la cronología de uno de los momentos más tensos durante la pandemia?

Antes de rememorar una de las etapas más álgidas del 2020, vale precisar que solo 39 pacientes del Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro Social de Salud (EsSalud) fueron derivados desde hospitales de ambas instituciones hasta la primera quincena de diciembre, según señaló a El Comercio, Sebastián Céspedes, representante de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), el gremio que agrupa a 71 centros de salud privados.

La historia de esta medida se remonta al pasado mes de junio, cuando el virus SARS-CoV-2 se cobraba la vida de poco más de 200 personas a diario, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Salud.

En esas fechas tan trágicas, el sistema de salud público se hallaba colapsado, aún se desconocía cómo afectaba el virus al organismo y la búsqueda de camas en UCI se convertía en una odisea que marcaba la delgada línea entre la vida y la muerte de los pacientes más graves.

Un tenso acuerdo

Durante dicho periodo de la emergencia sanitaria, el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la posible expropiación de clínicas si no negociaban en 48 horas un convenio con el Ministerio de Salud y EsSalud para establecer una tarifa plana de atención por cada paciente COVID-19 derivado a una clínica por falta de camas en hospitales.

“No podemos esperar indefinidamente. Vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo. De no ser el caso, pensando en la salud, invocaremos al artículo 70 de la Constitución”, dijo Vizcarra junto a su gabinete de ministros.

Este artículo de la Constitución justifica la expropiación a los privados en casos de “seguridad nacional o necesidad pública”.

“Si ahora, si hoy, en la crisis más grave de la historia no estamos en el contexto de necesidad pública, ¿Cuándo lo estaríamos?”, dijo Vizcarra al anunciar el ultimátum.

El acuerdo se logró y el pago total ascendió a 55.000 soles, además del IGV, por paciente siempre que sea derivado por el SIS o EsSalud. Así, el Estado asumiría esta tarifa y el convenio también cubre las comorbilidades de los pacientes COVID-19, como la hipertensión u obesidad.

Por aquellos días, el Perú era el sexto país con más casos de COVID-19 en el mundo, según los datos recabados por la Universidad John Hopkins

Pocos asegurados fueron atendidos

Un mes después se reportaron denuncias sobre los pocos asegurados que se acogieron a este sonado intercambio prestacional. Y al respecto, la ministra Pilar Mazzetti los defendía indicando que las UCI de las clínicas también estaban llenas con sus propios asegurados.

“A quién le podemos echar la culpa de que pase eso. A nadie. Ellos tienen su sistema de trabajo. Ellos han hecho todo lo posible por participar junto con el SIS y EsSalud”, indicaba.

Posteriormente, ya a fines de setiembre, la Contraloría General de la República alertaba que no habían podido verificar que existan procesos que garanticen que los pacientes se puedan atender en las clínicas.

“Lo que hemos encontrado es que no hay acceso a información suficiente. Los convenios, ente el SIS, Essalud y las clínicas se firmaron para que haya intercambio prestacional. La Contraloría lo que hace es ver si esto se estaba cumpliendo y si Susalud estaba supervisando bien esta situación y lo que se acredita es que estos acuerdos realmente no se están controlando”, señalaba Armando Canchanya, vocero de la institución.

Finalmente, hasta la quincena de diciembre, solo se derivaron ocho pacientes del SIS y 31 pacientes de EsSalud a tan solo seis clínicas. Y del total de los miembros de la ACP solo participaron 26 en el intercambio prestacional, debido a que solo estas contarían con el nivel de complejidad para que puedan contar con camas UCI.

Actualmente, las clínicas disponen 41 camas UCI a nivel nacional, de las 360 que hay en total. Ello representa apenas el 11% de la oferta total.