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Oficializan alza del presupuesto en Educación entre cuestionamientos

Milagros Berríos

milyberrios

30 Dic 2020 | 4:36 h
En clase. El incremento del presupuesto podría dotar a los docentes de mejores herramientas. Foto: Clinton Medina/La República
En clase. El incremento del presupuesto podría dotar a los docentes de mejores herramientas. Foto: Clinton Medina/La República

Posturas. Promulgan reforma que lo fija en no menos del 6% del PBI. Expertos dicen que no es viable. Sutep pide que se cumpla.

Diez días después de su aprobación en el Congreso, se oficializó ayer la modificación de la Constitución que establece el presupuesto anual del sector Educación en no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI), una controversial iniciativa que, desde la gestión de Martín Vizcarra, había sido calificada como carente de sustento técnico; mientras que desde el gremio magisterial, como urgente y de ejecución inmediata.

La ley modifica el artículo 16 de la Carta Magna referido al fortalecimiento del sector Educación. Lleva la firma del presidente Francisco Sagasti y la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez.

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, refirió ayer por la noche que si bien resulta positivo contar con más recursos, se debería evaluar cómo lograrlo de manera gradual y viable. “Si ofrecemos el 6% del PBI habrá otros sectores que no tendrán posibilidad de tener presupuesto. De un año a otro es muy difícil subir de 4.2 al 6%”.

Hace una semana, Cuenca también dijo que el Ministerio de Economía presentaría propuestas sobre su inviabilidad.

En julio, este sector argumentó que dicho incremento en la participación presupuestal del PBI afectaría el gasto destinado a salud y programas sociales, y comprometería el pago del personal y pensiones.

También detalló que ello implicaría que el presupuesto de Educación suba de 31,328 millones de soles (2020) a 52,680 millones (2021), que es lo equivalente al 6% del PBI. “Un aumento del 68% en el 2021”, indicó en un informe presentado al presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chehade.

Para algunos expertos, la medida carece de viabilidad financiera y constitucional. La economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Paola del Carpio Ponce explica que un aumento de este tipo equivaldría a un recorte de lo asignado a salud, protección social y seguridad al inicio del 2019. “Muchas veces se cree que podemos disponer del PBI, cuando en realidad eso solo es el valor final de los bienes que produce el país. El presupuesto es lo que finalmente se dispone cada año para gastar en servicios públicos. Su componente principal es la recaudación tributaria”.

El 2020, el presupuesto público representaba el 21.5% del PBI. Este último es una referencia utilizada para compararse entre países. “Pero sube y baja, no es algo de lo que se pueda tomar recursos. En cambio, el presupuesto sí es constante”.

El abogado constitucionalista Jorge Luis León, de la Universidad Católica del Perú, refiere que una vez publicada la ley, su cumplimiento es obligatorio. No obstante, dice, no se dispone de recursos para cubrirla y se rompe el principio de equilibrio presupuestal. “Como el Ejecutivo no puede observarla, el único camino es llevarla al Tribunal Constitucional. Me parece que esta ley está condenada a ser declarada inconstitucional”.

Por su parte, el Sutep considera necesaria esta medida, incluida en el Acuerdo Nacional (2002) y la Ley General de Educación, pero incumplida por el Estado. “Si no lo hacen, es una infracción constitucional”, dice Lucio Castro. Pide que se destine a infraestructura, investigación, alimentación y salarios.