Ni la pandemia detuvo la trata de personas
Indignante delito. Explotadores también se adaptaron a una “nueva normalidad”. Utilizan redes sociales como principal medio para captar víctimas. Se aprovechan de las fallas de la justicia, entre ellas del concepto de la “víctima ideal”, la poca inversión del Estado y la falta de apoyo al binomio Fiscalía-PNP.
La pandemia logró paralizar la economía, los negocios, los sueños de muchas familias. Pero no pudo detener uno de los delitos que más castigan a los peruanos y peruanas: la trata de personas. Esta forma de explotación adaptó sus ilegales dinámicas al contexto de la crisis sanitaria, convirtiéndose en un delito mucho más complejo de identificar y sobreexponiendo a las víctimas a mayores situaciones de explotación.
Cuando el nuevo coronavirus apenas se asomaba en nuestro país, el Gobierno decidió tomar drásticas medidas para intentar controlar su propagación. Se estableció el estado de emergencia y las calles lucían llenas de policías o militares; sin embargo, en la clandestinidad, las redes de trata de personas (TdP) seguían organizándose.
Como si estuvieran un paso adelante de las autoridades, los tratantes han sabido adaptarse, complicando la dura tarea de identificarlos. Durante el primer semestre del 2020, la Dirección de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas (Dirintrap) de la Policía solo ha logrado realizar 31 operativos, que no alcanzan ni la cuarta parte de los ejecutados el año anterior.
Las redes, principal medio
La TdP no ha paralizado sus operaciones ni ha dejado de captar víctimas. Para esto han sabido posicionarse a través de redes sociales, desde donde no solo ofrecen sus servicios, sino que captan personas con fines de explotación. Los más expuestos son los menores de edad y las mujeres.
La captación en línea es la modalidad que más se ha incrementado en este periodo, opina la doctora Rosario López Wong, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de TdP (Fistrap). Si bien no es un nuevo medio, ha variado la manera de plantear propuestas.
Usualmente, cuando las víctimas eran interceptadas por los tratantes se utilizaban ofertas engañosas de trabajo o promesas para cumplir sueños. Ahora, se aprovecha la crisis de los más vulnerables. Desde pago de alquileres o compra de alimentos hasta dinero en efectivo, eso ofrecen los tratantes a las nuevas víctimas.
Pero si por la crisis sanitaria los establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas, entonces ¿cómo las redes de TdP pudieron seguir explotando a sus víctimas?
Para estos criminales también surgió una nueva normalidad. “En cuanto a la modalidad de explotación, si bien se cerraron hoteles y locales de fachada donde estarían siendo retenidas víctimas adultas y menores de edad, esto no ha hecho que los tratantes paren su conducta delictiva”, precisó la representante de la Fiscalía.
Si repasamos las noticias de los últimos 7 meses, lo que jamás dejamos de ver fueron las intervenciones en hoteles y bares que funcionaban a pesar de la restricción. La TdP se reinventó para continuar pese a las multas y clausuras. Además, se ha logrado identificar que, en zonas de triple frontera, los tratantes han modificado los fines de explotación de sus víctimas. Estas pasaron de ser explotadas sexualmente a desempeñarse como servidumbre o realizar trabajo forzoso.
¿Qué hacer entonces frente a un camaleónico delito que no se detiene y que jamás se deja ver? Hasta el momento, las medidas tomadas desde el Estado parecen ser insuficientes, convirtiendo a los tratantes en los únicos ganadores de esta lucha contra la TdP.
Carencias de la justicia
Las víctimas de trata de personas son vulneradas desde su captación, pero es el sistema de justicia el que da la estocada final, cuando apela a prejuicios y estereotipos para desvirtuar su afectación.
En el Perú, la víctima, en reiteradas ocasiones, solo es considerada cuando la visión que se tiene de ella es la de una “persona inmaculada”. Este concepto de “víctima ideal” se encuentra muy arraigado en nuestro sistema de justicia y puede perjudicar, como veremos, hasta a un par de niñas afectadas por la trata. En junio del 2019 ellas desaparecieron, tenían 13 y 12 años. Por lo impulsivo de la edad tomaron una decisión equivocada: escaparon de casa.
Inicialmente, la primera de ellas (13) se juntó con unos conocidos a tomar licor en un parque. Al caer la noche no tenía dónde refugiarse y uno de los sujetos le propuso ir a un hotel. Esa noche abusaron sexualmente de ella. Según su testimonio, pensó que debía suceder porque “era peor quedarse en la calle”. Fue el principio de una cadena de abusos, ya que el violador se convertiría también en tratante de personas.
La segunda niña, también reportada como desaparecida, se juntó con su amiga porque recibieron una oferta para trabajar en la selva. A ambas semanas después las encontraron, pero ya no eran las mismas, habían sido víctimas de TdP con fines de explotación sexual.
¿Qué pasó? En nuestro sistema de justicia muchas veces las víctimas deben cumplir ciertas características para ser merecedoras de la misma. Por ejemplo, deben pasar exámenes toxicológicos o no tener fotos con poca ropa en redes sociales. La sentencia fue absolutoria para sus agresores. Para la jueza, las víctimas estaban en la capacidad de brindar su consentimiento.
Es decir, la manipulación y/o aprovechamiento de una persona en situación de vulnerabilidad, a su criterio, no calificó como violencia. Así, los acusados volvieron a las calles. La idea de víctima que manejan los operadores de justicia continúa acentuando el perfil de una víctima pura, concepto bastante dañino para el acceso de justicia en nuestro país, donde machismo, clasismo y racismo se imponen. Para la Dra. López Wong es necesario que se elimine la imagen de “víctima ideal” que se maneja.
Indica que muchas veces las víctimas no se reconocen como tales ya que el tratante les hace creer que son las responsables de lo que les sucede. “En el sistema de justicia por exigir esos estereotipos, no se les cree y los casos se caen o se archivan”, añade.
No se aplica el enfoque de género a la hora de procesar o juzgar un caso. Y eso que entidades como el Ministerio de la Mujer o la Defensoría sugieren que se aplique al procesar o juzgar un caso.
Carencias del Estado
Otro punto a tomar en cuenta, en el 2019 el Estado ejecutó, en promedio, 23 céntimos por ciudadano para luchar contra la trata de personas. Y eso pese a que la TdP ha ido en aumento durante este 2020. De acuerdo a CHS Alternativo, solo entre marzo y junio de este año se registraron 50 denuncias por grooming, acoso sexual o distribución de pornografía infantil, vinculados a la explotación de niños y niñas. Y hubo 15 denuncias de TdP reportadas por la PNP. En un informe de la Defensoría, se señala que de 120 expedientes judiciales, 118 implicaban a víctimas femeninas.
Al frente, hay un trabajo conjunto de Fiscalía y PNP, pero el binomio tiene mucho por abarcar. “La trata tiene tantos elementos sociales, familiares, económicos, de marginación, que necesitamos el concurso de todas las instituciones del sistema de justicia”, dice López. El problema es más grave si se sabe que en el 2021 llega a su fin el Plan Nacional contra la Trata de Personas (PNAT), que se asumió en el 2017 para regir las políticas públicas contra la trata.
Y en medio de todo, como afirma Ricardo Valdés, de CHS Alternativo, no se combate bien la trata por no entender sus alcances. “En las autoridades hay un problema de voluntad pero también de comprensión. El delito subterráneo es así porque la explotación se produce detrás de una puerta y bajo un techo. No son raqueteros en la calle. Ya sea en containers en Las Malvinas para hablar de Lima, en minas en La Rinconada o en campamentos en Madre de Dios o Ucayali, no se llega allí. Y, si se llega, el delito está detrás de una puerta y se requiere de orden judicial y reunir pruebas, lo cual es muy complicado. Por eso el delito es tan difícil de perseguir”.
“Explotación no se puede normalizar”
Katherine Sarmiento, socióloga. Infotrata
“Por un lado, es cierto que hay que fortalecer los mecanismos de persecución del delito y sanción, que es donde se está yendo el presupuesto del Estado. Sin embargo, otra de las aristas menos abordadas tiene que ver con la prevención.
Y eso es bastante amplio porque tiene que ver con la prevención concreta del delito, pero también está la prevención de los factores que hacen posible que ocurra un fenómeno como la trata de personas. En principio, los estudios al respecto nos dicen que es un problema que va más allá de la figura legal, es decir, no podemos hablar de trata de personas sin hablar de todo un contexto que hace posible la explotación laboral, sexual y otras modalidades.
Entonces, podríamos concientizar a las personas sobre por qué es importante denunciar, pero si seguimos teniendo un sistema precario en el mercado laboral, con alto nivel de informalidad, con muy poca capacidad del Estado para fiscalizar, y en el marco también de una sociedad machista, vamos a seguir pensando que es normal que ocurra este tipo de explotación.
Una sociedad que normaliza la explotación es un caldo de cultivo para la trata de personas. Sin duda, la vulnerabilidad es un factor, pero también hay un Estado que se hace de la vista gorda con este tipo de situaciones”.
“Hay cero comprensión en el país”
Ricardo Valdés, dir. ejec. CHS Alternativo
“Tenemos tres factores a vencer: alta impunidad, alta corrupción y alta informalidad. En esto hay un componente importantísimo y es lo que destina el Estado para enfrentar el delito. Se puede luchar contra la trata con un Estado eficiente, con una Policía que está en todas partes, con el Ministerio Público bien financiado que tenga fiscalías especializadas (Fistraps) en todo el país, con municipios consolidados.
¿Hay eso? No. Tenemos 1.800 gobiernos locales. De esos, ni siquiera el 5% tiene planes contra la trata. Lo que invierte el Estado es un presupuesto ridículo. Al menos se requieren 96 millones para pasar raspando el Plan Nacional Contra la Trata en el 2021, pero en el 2020 no llegamos ni siquiera a los 5 millones. La trata es problema de seguridad ciudadana.
Así como el narcotráfico lo es, la explotación de cualquier ciudadano también. Si eso no se empieza a entender desde los gobiernos locales poco se va a poder hacer. Desde ahí tiene que surgir, no solo me refiero a los ministerios, sino también a los municipios.
Ahí hay cero comprensión. El Estado debe hacer un esfuerzo por hacer entender a los alcaldes y sus consejeros. No hay conciencia de eso. Más bien hay un nivel de tolerancia por parte de las autoridades y los propios ciudadanos”.
“Corrupción sostiene a la trata”
Rosario López Wong, Fiscalía en delitos TdP
“La trata no existe por ella misma, coexiste con otras formas criminales que la alimentan y construyen una especie económica-delictiva en redes familiares y delincuenciales. La presencia del Estado ha sido nula o poco visible, tanto así que otras instancias se han dado cuenta del problema.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud o Promsex, que con el tema del cuidado y salud sexual reproductiva pudo percatarse de la situación de muchas mujeres que supuestamente eran trabajadoras sexuales por su voluntad, pero realmente eran víctimas de explotación y trata.
El tema de la corrupción también sostiene a la trata. Donde una víctima traspasa una frontera o está en un local público que no lo merece nos lleva a que hay funcionarios corruptos que están involucrados con la trata: omiten sus funciones o los corrompen. Hay que luchar contra todo eso”.
Lea el informe completo aquí.
Víctimas de trata de personas rescatadas durante el 2020.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024