Sociedad

Tumbes: Ministerio Público investiga tráfico de terrenos en Punta Sal

Empresario acusó a juez del Poder Judicial de estar inmerso en una presunta organización criminal para quitarle sus propiedades.

Terrenos fueron vendidos dos veces al no tener título de propiedad. Foto: Internet
Terrenos fueron vendidos dos veces al no tener título de propiedad. Foto: Internet

Un sospechoso entrampamiento judicial sobre la titularidad de dos millonarias propiedades en el balneario de Punta Sal, en Tumbes, advirtió la existencia de una presunta organización criminal que involucra a jueces del Poder Judicial y a funcionarios públicos del departamento norteño.

A través del informe n.° 004-2020-MP-FN-2FSTP Tumbes-VMSA, la Fiscalía Superior Penal Transitoria inició una investigación contra el juez Rodrigo Marcia Cueva Ramírez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de prevaricato.

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El empresario Pedro Luis Maceda Otero denunció que desde el 2015 se emitieron resoluciones en contra de lo expuesto en ley y los procesos judiciales favorecieron a la empresa Construcciones Póker de Ases con el fin de adueñarse de sus terrenos, ubicados en el distrito de Canoas de Punta Sal (antes Cancas).

Investigan

Según la denuncia, todo empezó en el año 2000, cuando Maceda Otero compró dos terrenos cerca al mar valorizados en más de 5 millones de dólares. Posteriormente, ante la ausencia de titular de propiedad, se percató que sus terrenos habían sido vendidos por segunda vez a una pareja esposos, quienes entregaron los terrenos a la empresa Póker de Ases tras no cancelar una hipoteca.

El ciudadano denunció que el juez Cueva Ramírez se encuentra coludido con la mencionada firma, así como funcionarios del Gobierno Regional y de la municipalidad. Además, afirmó que ellos habrían emitido procesos de verificación de posesión en los terrenos que él compró.

Willy Martínez, defensa legal del empresario, manifestó que los terrenos cerca al mar se encuentran en incertidumbre ante el entrampamiento legal por su titularidad. Indicó que el Ministerio Público deberá investigar los vínculos que tendría el juez con la empresa, la pareja de compradores y los trabajadores que omitieron procesos de fiscalización.

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