Más de dos años en búsqueda de justicia por el feminicidio de Sheyla Torres

Magaly Aguilar Cortez es una madre que busca encontrar justicia para su hija, quien hoy cumpliría 22 años de no haberse convertido en una víctima más de feminicidio en el Perú. Cuando ocurrió el crimen, inició su lucha y acudió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para encontrar el apoyo que necesitaba; sin embargo, la abogada que le designaron para seguir su proceso sería, como ella misma lo denuncia, una “pesadilla” más que se sumaría a su dolor.

Sheyla Torres Aguilar fue asesinada por Romario Aco Rodríguez (19), su expareja y con quien había mantenido una relación desde el colegio. El sujeto, quien inicialmente negó el crimen, se acogió a la confesión sincera en la segunda audiencia del caso en búsqueda de los beneficios que esta ofrece.

La muerte de la joven sucedió en 2018, año en que se registraron 150 feminicidios en el país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Hablamos de historias familiares y proyectos de vida truncados por hombres sin reparo en disponer sobre la vida de una mujer.

Una defensa ausente

La pérdida de Magaly Aguilar era irreparable, pero obtener justicia sostenía sus esperanzas. Por ese motivo buscó ayuda en el MIMP, ya que consideraba a la institución una aliada en su batalla legal. Desde ahí fue referida al Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano a su vivienda, donde le asignarían a la abogada Maribel Araníbar para llevar el caso, sin imaginar todo lo que pasaría en adelante.

De acuerdo a la familia, el acompañamiento de la defensa fue precario: no asistía a las audiencias, no sostenía contacto con la familia y sobre todas estas cosas, tenía un trato hostil cuando la contactaban por los canales regulares. A consecuencia de ello, al feminicida solo le dieron 15 años de pena privativa de la libertad (el mínimo) por su delito, ya que no se consideraron agravantes como la violación de la víctima.

En esto, el código penal es claro, pues indica que el acusado no puede recibir una condena menor a 25 años cuando existen agravantes como cualquiera de los señalados en el artículo 108, lo que sucede en este caso. Además, acogerse a la responsabilidad restringida por la edad no es posible, pues se trata de un delito exceptuado en el mismo artículo 22 al que se apela.

“La verdad, la doctora Maribel Araníbar no hizo su trabajo como debió hacerlo. Ella tampoco fue a la lectura de sentencia, no me informó, no me explicó que podía apelar ni nada. Yo estaba bloqueada por lo sucedido con mi hija. Si no tienen empatía, no tienen vocación ¿para qué están ahí presentes?”, expresó la señora Aguilar.

Agrega también que en alguna ocasión, a tanta insistencia por conocer el estado de su proceso, la abogada le dijo: “Tú caso ya me tiene hasta acá”, haciendo una seña de hartazgo con las manos. En ese punto, la afectada madre solo atinó a cuestionarse cómo en el MIMP y en el CEM podían haber profesionales que no entendían el dolor de las familias, que “los trataban mal y los mandaban al desvío”.

La República se contactó con Elizabeth Vásquez, coordinadora regional de los CEM en Lima y Callao, para consultarle respecto a la abogada que trabajó en el caso de STA y nos indicó que fue retirada de la institución apenas conocieron lo sucedido. Además, resaltó que se tomaron medidas para que esta situación no se repita, por lo que dieron seguimiento alterno a los casos y capacitaron constantemente a los abogados.

Doblemente víctima

- Señora, ¿usted cree que ha sido revictimizada con lo sucedido?

- Sí, yo creo eso.

La respuesta de Magaly Aguilar a la pregunta planteada fue contundente. Pero esta es una verdad constantemente corroborada, pues los operadores de justicia —más cuando hablamos de violencia de género— demuestran sentencia tras sentencia que esta nunca llega, y si llega, llega mal. ¿Cómo puede esta madre dormir tranquila sabiendo que por motivos externos a su voluntad, el asesino de su hija puede planear el futuro que a ella le arrebataron?

“Lo que yo quiero es que él pague, solo le han dado 15 años. Cuando salga, tendrá 33, podrá hacer su vida como si nada, mientras mi hija no volverá [...]. En todo caso, si de una u otra forma este hombre va a salir, que cuando salga todo el mundo conozca que él fue el feminicida que mató a mi hija. Yo voy a seguir luchando porque realmente me indigna, esto no puede volverle a pasar a nadie”, precisó.

Canalizar el dolor

En estas circunstancias Magaly Aguilar no estaba sola, en el camino se encontró con más personas que también enfrentaban procesos judiciales engorrosos sin contención alguna. De esa manera, unidos por el desconsuelo que implica ser víctima directa o indirecta de algún tipo de violencia, crearon el colectivo Juntos Perú por Justicia - Basta de impunidad, mediante el cual buscan visibilizar diferentes casos para que no queden impunes.

“Nosotros estamos pidiendo una reunión con la ministra, donde realmente se comprometa a ayudarnos. Estamos buscando acompañamiento legal y psicológico, porque muchos no han recibido. En mi caso y el de mi familia nunca hemos recibido tratamiento”, señaló.

El pasado miércoles 25 de noviembre, esta organización se apersonó al MIMP para presentar su solicitud, pero debido a los recientes cambios, aún aguardan por una respuesta.

“Fuimos a pronunciarnos, a hacer ver que nosotros también estamos presentes. No somos cantidad, pero estamos en esta lucha por justicia. Nos recepcionaron las cartas, nos atendió la viceministra actual y nos indicó que nos iba a escribir por correo, ya que recién tenía un par de días y estaba instalándose”, añadió.

Después de más de dos años, Magaly Aguilar sabe que no podrá regresar en el tiempo, que no volverá a celebrar el cumpleaños de su hija como cada 30 de noviembre; sin embargo, se aferra a que el Poder Judicial (PJ) revise el caso y se siga un debido proceso, que tome en cuenta todos los elementos probatorios. Mientras esto sucede, ella seguirá luchando por su hija y por todas las que faltan.

Datos adicionales

• Actualmente un nuevo equipo del CEM viene manejando el caso de STA para instar al Poder Judicial (PJ) a que acepte la revisión.
• Se precisa que el Ministerio de Salud (Minsa) es el encargado de proporcionar tratamiento psicológico a las familias víctimas de violencia y no el Ministerio de la Mujer (MIMP), pero este último debe encargarse de hacer las coordinaciones necesarias. Para ello, se deben tomar en cuenta factores prioritarios para las familias a partir de las reales situaciones de cada una.