Constitución política del Perú: la voz de la calle pide cambios
Reforma. Carta magna actual rige los destinos de los peruanos desde 1993. Fue concebida en un régimen autocrático. Ahí la desconfianza. Muchos ciudadanos consideran la necesidad de una reforma.
Las calles no solo pidieron la cabeza del usurpador, Manuel Merino de Lama. También plantearon una Asamblea Constituyente que sirva para reformular la constitución de 1993, carta magna que organiza los poderes del Estado, además de establecer los derechos y libertades de los ciudadanos. Iniciativa que se asemeja a lo ocurrido con el país vecino de Chile.
La propuesta no es reciente. Lo han ofrecido los partidos de izquierda en las últimas campañas. Es un anhelo de los sindicatos.
La decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional (TC) de no aclarar la causal de la vacancia presidencial por incapacidad moral, ha reforzado esa intención, la del cambio constitucional.
“Ante la abdicación del TC a su función de interpretar la Constitución, urge convocar a una Asamblea Constituyente”, dijo el rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Rohel Sánchez.
¿La salida a los problemas del país, pasan por una nueva carta magna? El catedrático en Derecho Constitucional, Jorge Luis Cáceres Arce, opina que el TC debió aclarar la causal de la vacancia presidencial, sin embargo, no considera que sea motivo para una reforma total.
“Creo que son necesarios algunos cambios, pero no en una Asamblea Constituyente. El régimen económico está marchando bien. El problema no es la Constitución sino quién la aplica”, señaló el especialista. Sin embargo, el componente político solo es una parte de las observaciones de los críticos a la actual carta magna.
Cuestión de legitimidad
La vigente Constitución (la décimo segunda de la historia republicana), se aprobó en 1993 durante el régimen de facto de Alberto Fujimori. Su elaboración estuvo a cargo del Congreso Constituyente Democrático (CCD), cuyos miembros fueron elegidos por sufragio popular. El texto fue sometido a referéndum, con un 52% de aprobación de los votantes. Reemplazó a la carta magna de 1979 elaborado por una constituyente presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre.
Para la representante del colectivo Jóvenes por una Nueva Constitución, Luz Cauna, dicha votación no da legitimidad, pues pudo estar inmerso en un fraude. La semana pasada, Cauna y su colectivo fueron activos partícipes de las marchas contra el efímero régimen de Manuel Merino.
Para Cáceres Arce, la carta de 1993 también nació con falta de legitimidad, por ser promovida por una dictadura. Pero considera que se ha ido validando en los últimos 20 años de democracia. Además, se le hizo cerca de 20 reformas, como derogar la reelección presidencial, para muchos, una de las principales motivaciones de Alberto Fujimori para una nueva ley de leyes.
¿Cambio de modelo económico?
La legitimidad solo es uno de los cuestionamientos a la Constitución de 1993. Luz Cauna sostiene que un cambio sustancial debe ser al capítulo económico, que ahora limita la actividad empresarial estatal. Añade que el Estado debe asumir un rol regulador, para evitar posiciones de dominio de conglomerados u oligopolios, que absorben la mayoría del mercado en perjuicio de la población. Un ejemplo son las cadenas de farmacias, cuyo 83% pertenece al grupo Intercorp.
Al respecto, el economista Patricio Quintanilla, sostiene que los oligopolios se pueden frenar con una norma, incluso hay proyectos de ley pendientes de promulgación. Discrepa con la creación de nuevas empresas públicas, indicando que el Estado ya demostró ser un mal administrador.
Mientras que el economista Glenn Arce, refiere que un cambio de reglas de juego en la economía sería peligroso y que parte del crecimiento de los últimos años, se debe a artículos de la carta magna que incentivaron la inversión extranjera. Si bien las constituciones de 1979 y 1993 mencionan que la actividad privada se rige por la economía social de mercado, la última remarca que existen las mismas condiciones para los capitales extranjeros y nacionales.
Otras modificaciones se sugieren en el ámbito educativo. Para el dirigente del Sutep. Adolfo Quispe, la Constitución debe reconocer a la educación como un derecho, que garantiza la enseñanza para todos y evitaría su privatización.
El camino legal
La Constitución vigente, plantea que su reforma puede ser mediante referéndum. Jorge Cáceres Arce opina que si el cambio será total, es preferible convocar a una Asamblea Constitucional. Su creación, sería luego de un referéndum.
La iniciativa puede ser propuesta por el presidente de la República, el Congreso o la población mediante el 10 % de firmas de los electores. Si en el referéndum se aprueba la iniciativa, luego vendrán comicios para elegir a los miembros de la asamblea. El texto final, será sometido también a consulta popular.
Por lo pronto, hay bancadas como el Frente Amplio o UPP que presentaron proyectos de ley para la convocatoria a referéndum. O el grupo parlamentario Descentralización Democrática, elevó una moción al Ejecutivo para que realice el llamado a consulta. El presidente Sagasti, ha respondido que la tarea corresponderá al próximo gobierno.
