Piura: Municipio emitió más de 3.000 órdenes de servicio y compra sin fiscalización de la OSCE

OCI advirtió que el personal encargado de las contrataciones en la Municipalidad de Castilla no cuenta con la certificación correspondiente.

Órdenes de servicio y de compra se realizaron en el 2019. Foto: Reneyro Guerra
Órdenes de servicio y de compra se realizaron en el 2019. Foto: Reneyro Guerra

La Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Castilla, en Piura, reveló que la comuna transgredió la Ley de Contrataciones del Estado al emitir 3.386 órdenes de servicio y de compra que no fueron registradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

A través de un informe de control simultáneo, la OCI detalló que la comuna castellana realizó 2.900 órdenes de servicio y 480 órdenes de compra por montos menores a S/34.400, que significan 8 unidades impositivas tributarias.

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De acuerdo al informe, la oficina de Logística de la Municipalidad de Castilla refirió que la adquisición de servicios y bienes se hicieron en el año 2019. Sin embargo, no se informó sobre la cantidad de contrataciones que se realizaron en lo que va del 2020.

El órgano de control también advirtió que solo 2 de los 6 integrantes de la Subgerencia de Logística —encargados de las contrataciones— cuentan con la certificación de OSCE que los acredita para trabajar en el sistema de adquisiciones.

Se trata de Ronald José Casanova Atoche, Kety Yaneth Castillo Montalván, Luis Isaías Reyes Morales y Leonel Olaya Jaime, quienes no se encuentran aptos para el cargo.

La Oficina de Control Institucional concluyó que la subgerencia de Logística transgredió el artículo n.° 2 de la Ley Nº 30225 de Contrataciones del Estado en lo referido a los principios de transparencia y publicidad en los procesos de contratación.

Del mismo modo, advierte que el personal de las contrataciones en la Municipalidad de Castilla no cuenta con la certificación otorgada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, un hecho que afecta la legalidad de los procedimientos y que no garantiza una gestión de las contrataciones, eficiente y competente.

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