El Perú tiene 3 psiquiatras por cada 100.000 habitantes en promedio, según la OMS
La Defensoría del Pueblo alerta sobre la necesidad de priorizar la atención de la salud mental en el Perú, la cual indican que se encuentra en estado de emergencia.
La República en GoogleLa Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre la actual situación de la salud mental en el Perú. Según la institución, el país se encuentra en estado de emergencia desde antes de la llegada de nuevo coronavirus. Esto es manifestado a través de diversos informes desde el 2018.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el país tiene en promedio 3 psiquiatras y 10 psicólogos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Salud (Minsa) cuenta con 264 psiquiatras; sin embargo, el 72% desarrolla sus actividades en Lima, lo que muestra que el servicio de atención mental se concentra en la capital.
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En el 2019 se asignaron alrededor de 21.000 millones de soles al sector salud y, de esta suma, solo 318 millones fueron destinados a la atención de la salud mental, cifra que apenas representa el 1.5% del total del presupuesto a nivel nacional.
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“Para la Defensoría del Pueblo esta desproporcionalidad en la asignación del presupuesto no tiene en cuenta que las enfermedades mentales y los trastornos de la conducta son problemas de salud cada vez más recurrentes en la población. En el caso peruano, 8 de cada 10 personas que necesitan atención en su salud mental no reciben tratamiento adecuado”, manifiesta la entidad en un comunicado.
“Es importante notar que se ha retrasado la implementación de Centros de Salud Mental Comunitarios y Hogares Protegidos. A la fecha se han implementado 154 de los 200 Centros de Salud Mental Comunitarios y solo 11 de los 124 Hogares Protegidos que se habían programado tener en total a fines de 2020. Estos últimos son necesarios para la atención de personas sin familiares que requieran atención directa, lo que permitiría dejar de lado el modelo manicomial, de encierro prolongado”, agregaron.
Finalmente, exhortaron a que se replantee la política de salud, para así garantizar la atención descentralizada de la salud mental.
