Inician investigación preparatoria contra funcionarios de la MPCh por presunta negociación incompatible
Fiscalía indaga a tres regidores y dos exfuncionarios de la comuna de Chiclayo. En tanto, se archivó indagación contra Marcos Gasco y otros regidores por seis presuntos delitos.
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El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, José Guevara Gilarmas, formalizó investigación preparatoria contra dos exfuncionarios y tres regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), por el presunto delito de negociación incompatible.
Investigación y archivo
Se trata de los regidores Junior Vásquez Torres, Pedro Ubillús Falla y Randy Vega Díaz, integrantes de la Comisión de Transportes. Además de Alejandro Soraluz Piñella, exgerente de Desarrollo Vial y Transporte, y Julio Armas Alcalde, exsubgerente de Transporte.
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También se dispuso que no procede seguir investigando al alcalde provincial Marcos Gasco Arrobas y siete de sus regidores, por los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho pasivo propio, concusión, negociación incompatible y tráfico de influencias.
La misma decisión es para los empresarios Luis Gasco Bravo (hermano del alcalde), e Igor Ernesto Garbich Ubillús.
La formalización de las diligencias se fundamentan en una denuncia acerca de que funcionarios del municipio de Chiclayo se habrían interesado indebidamente en favorecer a las empresas de transporte de carga Guie Servicios Logísticos SAC y Valle del Norte SAC representadas por Garbich Ubillús y Gasco Bravo, respectivamente.
Observaciones
Este diario accedió a la disposición de no formalización donde se precisa que se aprobó la ordenanza n.° 07 – 2019, que permite el ingreso de camiones al centro de la ciudad, con documentos técnicos que no tenían informe de alguna área de la MPCh o algún estudio de otras entidades que estaban involucradas con el transporte.
Durante la investigación, se llegó a determinar que Julio Armas Alcaldes, emitió el informe técnico n.° 176-2019, relacionado con el acceso del transporte público de carga y descarga a la ciudad de Chiclayo. En dicho informe, se estableció anillos viales obligatorios para vehículos de carga pesada hasta 30 toneladas, zonas de acceso restringido, horarios de carga y descarga, entre otros.
Además, se estableció los denominados “ingresos especiales” y casos especiales para determinados vehículos. Se consideró también las dimensiones y peso máximo y tolerancia de los vehículos y remolques.
Sin embargo, se pudo determinar que el documento no se sustentó en informe de alguna área de la MPCh o en algún estudio de otras entidades que estaban involucradas con el transporte.
También se cuestiona que el entonces gerente de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas, a través de un memorándum relacionado al expediente del proyecto de ordenanza municipal, solicitó que se realice un estudio de suelos y pavimentos para determinar la viabilidad de la propuesta.
Empero, el exfuncionario Alejandro Soraluz Piñella, habría vuelto a remitir el acervo documentario al gerente de asesoría jurídica, precisando que los estudios de suelos no eran pre requisito para aprobar la ordenanza municipal.
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