Una remembranza de la ‘masacre de La Cantuta’, a 28 años de la tragedia que indignó al país

La época del conflicto armado interno, donde se perpetraron actos terroristas en el Perú, dejó secuelas imborrables y pérdidas irreparables en las familias peruanas. La guerra sin cuartel que se vivió contra Sendero Luminoso produjo hechos infames en la historia que son necesarios de recordar, uno de ellos fue la denominada masacre de ‘La Cantuta’

El 18 de julio de 1992, un día como hoy hace 28 años, nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, mejor conocida como ‘La Cantuta’, fueron secuestrados y asesinados nada menos que por quienes debía protegerlos. En esta nota haremos una remembranza de la historia del Perú para aprender de ella y evitar que vuelva a suceder.

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Antes del hecho, Lima fue cruelmente sacudida desde uno de sus lados más vulnerables. Dos días antes, la noche del 16 de julio, Sendero Luminoso se adjudicó la explosión de dos ‘coches bomba’ en la cuadra dos de la calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores. El atentado, que tenía como objetivo destruir una agencia bancaria cercana, se cobró la vida de 25 personas, dejó otras cinco desaparecidas, 250 heridos, y destruyó viviendas y vehículos con una onda expansiva de 400 metros a la redonda.

Horas después, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, informó al entonces presidente Alberto Fujimori que los autores del ataque habrían sido estudiantes de la Universidad ‘La Cantuta’.

De acuerdo a lo averiguado por la Unidad de Investigación de La República en aquel entonces, el mandatario ordenó expresamente “capturar” y “desaparecer” a los culpables. Para ello, reclutó a Santiago Martin Rivas, líder del denominado Grupo Colina, que no fue otra cosa que un escuadrón paramilitar creado para matar a presuntos elementos terroristas.

En la madrugada del sábado 18 de julio, sin mayores certezas que el rumor propalado por el ex asesor presidencial, un primer gran grupo de agentes armados y encapuchados ingresó al campus universitario, precisamente a la residencia de los estudiantes.

El objetivo fue secuestrar a quienes (para ellos) eran sospechosos de ser terroristas y para esto seleccionaron a nueve alumnos: Armando Amaro (25 años), Luis Enrique Ortiz (21), Felipe Flores (25), Robert Teodoro (24), Juan Mariños (32), Heráclides Pablo (28) y Marcelino Rosales (28), Dora Oyague (21), Bertila Lozano (22). En paralelo, otro grupo ingresó a la residencia de los instructores de la Universidad para detener al profesor Hugo Muñoz (47).

Luego de más de un año de ser reportados como desaparecidos, en abril de 1993, un humilde y valeroso reciclador de Cieneguilla llamado Justo Arizapana denunció haber encontrado la fosa donde el Grupo Colina enterró a los desaparecidos, ubicada a la altura del kilómetro 1.5 de la carretera Ramiro Prialé. El testimonio y el croquis de cómo llegar al lugar fueron recogidos por el presidente de la comisión investigadora del Congreso, Roger Cáceres.

En julio de 1993 se hizo público el hallazgo y se descubrió otra fosa donde, además de haber cenizas, se encontraron restos y vestigios materiales de algunos de los diez desaparecidos. Según contó Gisela Ortiz, hermana del fallecido estudiante Luis Enrique Ortiz, su cadáver registró un impacto de bala en la cabeza.

Durante el régimen de Alberto Fujimori, el ‘caso La Cantuta’ sufrió de varias trabas para hallar la culpabilidad de los responsables. El juicio, que era visto por el Poder Judicial, pasó al Fuero Militar para evitar que los altos mandos castrenses sean procesados por la justicia ordinaria.

Asimismo, en 1995, se promulgaron dos leyes de amnistía: una para liberar a algunos militares y agentes del SIN sentenciados por esta masacre, y la otra para prohibir cualquier investigación futura sobre estos hechos.

Años después, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los deudos de la matanza de Barrios Altos, otra tragedia ligada al Grupo Colina, lo que permitió reabrir el ‘caso La Cantuta’ en el Perú. Lo que trajo como consecuencia, en 2009, que Alberto Fujimori fuera sentenciado a 25 años de prisión efectiva por ser hallado responsable de ordenar la matanza.

Pese a que no todos los responsables de la masacre de La Cantuta han sido juzgados, en específico por este acontecimiento, como Vladimiro Montesinos o Santiago Martin RIvas, este precedente debe servir para crear conciencia sobre la responsabilidad de quien está en el poder para combatir a un enemigo invisible. Porque entre las políticas de Estado, las órdenes y los operativos quedan en medio las personas de a pie, las primeras que sufrirán si algo sale mal.